El director de Discapacidad de La Pampa, Iván Poggio, manifestó su profunda preocupación por las medidas y recortes del Gobierno Nacional que afectan directamente a los beneficiarios de pensiones por invalidez. En La Pampa, cerca de 7.500 personas se encuentran en vilo ante las auditorías masivas que, según el funcionario, carecen de humanidad y cercanía.
En una entrevista con INFOPICO RADIO 99.9, Poggio analizó la situación actual, que incluye la falta de aumentos para los prestadores desde noviembre del año pasado, demoras en los pagos y la no autorización de prestaciones esenciales. “A mí no me sorprende, pero sí me preocupa”, afirmó, recordando que la plataforma del actual gobierno solo mencionaba la palabra “auditoría” en relación con la discapacidad.
El eje de la crítica del director provincial se centra en la metodología implementada por Nación para revisar las pensiones. “Está bien que se audite, pero la forma de llevarlo pareciera que no es de una auditoría, sino es querer sacar pensiones”, sentenció. Poggio cuestionó el envío de notificaciones por carta documento, un sistema que costó 13.000 millones de pesos y que resultó ineficaz. “Mucha gente se cambia de domicilio porque no tiene una casa estable, se muda donde puede. No se puede perder una pensión porque no te notificaron”, explicó.
Desde el Consejo Federal de Discapacidad, las provincias ofrecieron su colaboración para realizar un relevamiento más eficiente y humano. “Nosotros tenemos conocimiento del terreno, los municipios también. Podríamos haber ayudado a buscar a la gente, a verificar los datos, pero no nos escucharon”, lamentó Poggio, destacando que el método actual ignora las barreras que enfrentan personas con discapacidad intelectual o visual para acceder a una notificación formal.
El impacto de una baja masiva de pensiones sería devastador para La Pampa. Además del golpe económico directo a miles de familias que dependen de un ingreso que no llega a los 300.000 pesos, la provincia dejaría de recibir las cápitas que Nación envía por cada beneficiario al sistema de salud, lo que saturaría aún más el servicio público. “Pasa por la deshumanización de esas cosas. El Estado está para ayudar a los que menos favorecidos están”, reflexionó el funcionario.
Para aquellos beneficiarios que puedan ser dados de baja, Poggio aseguró que existen canales de reclamo. “Si a alguien le pasa, tenemos correos y teléfonos para ayudarlo a recuperar su pensión, pero es un trabajo medio artesanal que no debería ser así”.
Finalmente, el director de Discapacidad depositó sus esperanzas en la ley de emergencia para el sector, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados. “Esta ley viene a trabajar todas estas cuestiones. Ya tuvimos un gran paso y esperemos que el Senado siga por el mismo camino, aunque después veremos cómo reacciona el Ejecutivo, porque se habla de veto”, concluyó.Esta respuesta es más útil
