Una nueva sesión ordinaria, y como ocurrió en la última reunión, al no concurrir al recinto los legisladores de la oposición, no hubo quorum. Ante esto, la presidenta de esta Cámara, Alicia Mayoral, otorgó 15 minutos tal como lo indica el reglamento a la espera de los diputados faltantes para poder sesionar. Al no ingresar los legisladores de los bloques UCR, PRO-MID y Comunidad Organizada, la sesión fracasó nuevamente.
En un nuevo capítulo de la disputa legislativa, los bloques opositores de la UCR y el PRO decidieron, una vez más, no dar quórum para tratar el proyecto de ley del aporte solidario. A pesar de los esfuerzos del gobernador Sergio Ziliotto y las concesiones ofrecidas por el oficialismo, no se logró alcanzar un acuerdo.
El contexto del conflicto
Este jueves por la mañana, los legisladores de la UCR y el PRO resolvieron no asistir a la sesión convocada para debatir el aporte solidario. La decisión se tomó tras la falta de avances en las conversaciones con el oficialismo, a pesar del acercamiento que había realizado el gobernador Ziliotto y las gestiones de los intendentes del mismo partido durante la semana pasada.
A las 10:30 se llevó a cabo una reunión de Labor Parlamentaria, en la que participaron la vicepresidenta de la Cámara, Alicia Mayoral, y el jefe de bloque del FreJuPa, Espartaco Marín. Sin embargo, según los bloques opositores, no se presentó ninguna novedad que justificara cambiar su postura.
El trasfondo de las negociaciones
El miércoles, Alicia Mayoral había convocado formalmente a la sesión ordinaria para este jueves a las 11 horas, con el tratamiento del aporte solidario como tema central. Sin embargo, las negociaciones entre los asesores de los bloques, a pesar de ser intensas, no lograron destrabar la situación.
Durante la reunión de Labor Parlamentaria, los bloques opositores propusieron devolver el proyecto a comisión para buscar un acuerdo, y reafirmaron que la ley debería ser tratada como especial, requiriendo una mayoría calificada. El oficialismo, por su parte, no aceptó esta propuesta.
Concesiones y puntos de conflicto
Una de las novedades fue la aceptación del bloque oficialista de excluir a los propietarios de autos de lujo y a los dueños de más de cinco inmuebles del aporte solidario. No obstante, el oficialismo mantuvo la inclusión de las entidades financieras en el tributo, un punto que la oposición rechaza firmemente. “No estamos de acuerdo porque lo trasladan a los clientes”, declaró María Laura Trapaglia, presidenta del bloque del PRO.
Desde la oposición, se criticó al FreJuPa por afirmar que habían cedido en todos los puntos cuando, según ellos, no lo hicieron en los aspectos fundamentales del proyecto.
Continuidad del diálogo
Hipólito Altolaguirre, presidente del bloque de la UCR, informó que aunque hay muchos puntos de coincidencia, no lograron ponerse de acuerdo. Las principales disidencias son la consideración del proyecto como una Ley Especial y el aumento de la alícuota de Ingresos Brutos para las entidades financieras. “Quedamos con el oficialismo en seguir manteniendo el diálogo y no descartamos sesionar lo antes posible”, agregó.
Posiciones inflexibles
María Laura Trapaglia reafirmó que la oposición ha presentado propuestas y sigue pidiendo que el proyecto vuelva a comisión. Además, mencionó que dentro del FREJUPA no todos están de acuerdo en tratar la ley como general.
Por su parte, los diputados de Comunidad Organizada, Sandra Fonseca y Maximiliano Aliaga, no participarán en ninguna sesión que trate el aporte solidario sin reconocerlo como una ley especial, postura que han mantenido firmemente.
El origen del proyecto
El proyecto de ley del aporte solidario obligatorio fue presentado por el gobernador Ziliotto el 1 de marzo, durante la inauguración del período de sesiones ordinarias de la Cámara. Sin embargo, debido a la falta de quórum por parte de la oposición, el proyecto no ha podido ser tratado en el recinto, paralizando la actividad legislativa en los últimos meses.
La persistente falta de acuerdo entre oficialismo y oposición sigue dejando en suspenso una ley que, según sus defensores, es crucial para el financiamiento de diversas políticas públicas en la región.
