El Superior Tribunal de Justicia revocó una sentencia que obligaba a un jubilado a cubrir económicamente el incumplimiento de su hijo. El máximo tribunal priorizó la supervivencia del adulto mayor, quien padece cáncer y cuyos ingresos no le permitían cubrir siquiera la canasta básica.
En una resolución que marca un fuerte precedente sobre los límites de la solidaridad familiar en tiempos de crisis económica, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de La Pampa falló a favor de un abuelo de 66 años, jubilado y paciente oncológico, eximiéndolo de pagar la cuota alimentaria de su nieto. La Justicia determinó que obligarlo a asumir esa carga ponía en grave riesgo su propia subsistencia y dignidad.
El conflicto inició cuando una madre demandó al progenitor de su hijo por el aumento de la cuota alimentaria, extendiendo el reclamo de forma subsidiaria hacia los abuelos paternos. En instancias anteriores, la Justicia provincial había condenado al padre a pagar 180.000 pesos mensuales. Ante un eventual incumplimiento del principal obligado, se le había ordenado al abuelo garantizar el pago de la totalidad de la deuda, afectando hasta el 5% de su jubilación policial.
Inconforme con la medida, la defensora civil sustituta Alejandra Arce apeló la decisión argumentando que la condena resultaba desproporcionada y que los tribunales inferiores no habían analizado las posibilidades económicas reales del adulto mayor.
Tensión de derechos: infancia vs. ancianidad
Al analizar el caso, los jueces de la Sala A del STJ, Eduardo Fernández Mendía y José Roberto Sappa, advirtieron que se encontraban frente a un complejo escenario legal: la tensión de derechos entre dos sujetos vulnerables, un niño y un adulto mayor enfermo.
El máximo tribunal remarcó que, si bien el Código Civil y Comercial establece la obligación subsidiaria de los abuelos frente a los alimentos, esta “no es absoluta”. Los magistrados subrayaron que la solidaridad familiar no puede operar como un ancla que obligue al abuelo a desatender sus propias y urgentes necesidades básicas.
Los números sobre la mesa
El STJ realizó un pormenorizado análisis de las finanzas del jubilado, retirado de la policía por incapacidad. Con un ingreso mensual de $641.474 (a mayo de 2024), el hombre debía destinar $380.000 al pago del alquiler de su vivienda. Si a eso se le sumaba el descuento del 5% ordenado por la Justicia ($32.073), le restaban apenas $229.400 para sobrevivir todo el mes.
Los jueces compararon esa cifra con la Canasta Básica Total del INDEC de aquel momento y comprobaron que el abuelo quedaba casi $50.000 por debajo de la línea de pobreza, y esto sin contar los elevados gastos médicos derivados de su tratamiento activo por cáncer de próstata.
“Exigir al abuelo que responda por el total de la cuota adeudada y de manera simultánea limitar su aporte al 5% de sus haberes genera una incoherencia lógica y jurídica”, dictaminaron los jueces. De este modo, el Superior Tribunal revocó la cuota impuesta y dejó en claro una premisa fundamental: los abuelos no pueden ser forzados a actuar como salvavidas económico ante el incumplimiento de los padres, si eso implica hundirlos a ellos en la pobreza.