Durante el desarrollo de las actividades de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados de La Pampa, creada por Resolución N° 106/2026 para analizar presuntas irregularidades en la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, se denunció una situación de gravedad institucional que obstaculiza su labor.
Los integrantes del Sistema de Protección Integral que intervinieron en distintas instancias del caso habían sido convocados con anterioridad sin que se formularan objeciones a la modalidad dispuesta por la comisión. Sin embargo, el subsecretario Juan Pablo Bonino se presentó junto a su equipo de funcionarios e intentó imponer una modalidad de declaración conjunta en lugar de las entrevistas individuales establecidas. Asimismo, comunicaron que los equipos técnicos no comparecerían bajo el argumento del secreto profesional.
Las integrantes del cuerpo legislativo consideraron por unanimidad que tales decisiones representan un obstáculo para el normal funcionamiento de la comisión investigadora y complican el esclarecimiento de las actuaciones administrativas bajo análisis. Remarcaron que, si bien el secreto profesional y la protección de la intimidad deben resguardarse, no pueden convertirse en una negativa generalizada a brindar datos sobre protocolos y actuaciones administrativas.
Frente a este escenario, legisladoras de la comisión concurrieron a la sede del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos para reunirse con el ministro Diego Álvarez y reclamar el cese de estas conductas, pero no pudieron ser recibidas debido a que el funcionario no se encontraba en el lugar.
Ante la falta de respuestas, se formalizó una presentación ante el gobernador Sergio Ziliotto para que, en el marco de sus atribuciones y responsabilidades, intervenga y arbitre las medidas conducentes para poner fin a los impedimentos que afectan la tarea legislativa, recordando que investigar el accionar estatal responde al principio del Interés Superior del Niño.
