La Justicia de General Pico imputó por “hurto agravado” al sargento Hugo Muñoz y al cabo primero Luis Medrano. Durante la audiencia se conocieron los insólitos argumentos de los efectivos para justificar su accionar y se les dictó una estricta prohibición de acercamiento tras presentarse en la casa del damnificado en patrullero para “pedirle perdón”.
Este lunes se llevó a cabo en el Palacio de Tribunales de General Pico la audiencia de formalización contra los dos efectivos policiales captados por las cámaras de seguridad mientras cargaban un gato hidráulico de la gomería “Cattaleya” en un móvil oficial.
El representante del Ministerio Público Fiscal, Matías Juan, imputó a los uniformados, identificados como el sargento Hugo Alejandro Muñoz y el cabo primero Luis Alberto Medrano Lino (ambos adscritos al Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II), bajo la figura de “hurto simple agravado por ser los autores miembros de la fuerza policial”, en calidad de coautores. Por su parte, la defensa oficial intentó una calificación alternativa mucho más leve, planteando que se trató de una “apropiación de cosas por error”, un delito que solo prevé una pena de multa.
Durante la exposición de la plataforma fáctica, la Fiscalía detalló que el hecho ocurrió en la madrugada del 14 de octubre de 2026. Los uniformados, encontrándose en pleno ejercicio de sus funciones, arribaron al comercio ubicado en la calle 29 entre 14 y 16 a bordo de una camioneta policial Chevrolet S10 (dominio HMR 456, móvil número 2441). Con el motor apagado y las balizas encendidas, ambos cargaron el pesado crique rojo, que es la herramienta principal de trabajo del damnificado, y se dieron a la fuga.
La versión de los policías: “resguardo” y “olvido”
Durante la audiencia, ambos acusados prestaron declaración. Según detalló el fiscal Matías Juan, los policías reconocieron haber levantado la herramienta de la vereda, pero argumentaron que no tuvieron intención de sustraerla. Dijeron que lo querían “resguardar” porque lo vieron en situación de abandono y no querían que nadie se lo robara.
La secuencia, según la teoría planteada por la defensa, continuó de una manera muy particular. El sargento Muñoz, por ser el de mayor jerarquía, le habría dado la orden al cabo Medrano de cargar el crique. Luego de subirlo a la camioneta policial, admitieron que no dieron aviso a ningún superior en el Comando ni dejaron constancia del hallazgo en el parte oficial.
El relato de los implicados sostiene que, minutos más tarde, se dirigieron a la casa del hermano de Muñoz —quien también tiene oficio de gomero— para llevarle unos cigarrillos. En ese instante, habrían recibido una alerta por radio para acudir de apoyo a una situación en el barrio Ranqueles.
Para evitar que el pesado gato hidráulico golpeara y rompiera los vidrios de la patrulla durante la urgencia, decidieron bajarlo y dejarlo en la vereda de la casa del hermano, a tan solo dos cuadras del Comando. Dicen que después no lo pasaron a buscar más porque terminaron cansados, se olvidaron, uno se acostó a dormir en el Comando y, tras salir del turno a las 7 de la mañana, aseguraron haberse olvidado de todo. Gracias a los datos aportados por los propios efectivos tras su identificación, la herramienta valuada en casi 3 millones de pesos había podido ser recuperada horas después en un allanamiento.
Presión a la víctima y medidas coercitivas
Uno de los momentos más llamativos de la audiencia fue cuando la Fiscalía relató un episodio ocurrido el jueves posterior a la radicación de la denuncia judicial. Según advirtió el fiscal, los imputados se hicieron presentes en el domicilio del propietario, Luis Alberto Miranda, nuevamente uniformados y a bordo del mismo patrullero policial.
Si bien los efectivos argumentaron que la visita fue para “pedirle perdón” por lo sucedido —a pesar de no reconocer responsabilidad delictiva formal—, el damnificado sintió el accionar como una forma de presión, especialmente luego de que el caso tomara estado público y mediático.
Para evitar cualquier tipo de injerencia indebida o entorpecimiento, el fiscal solicitó, y el juez Gilardenghi convalidó, la imposición de una medida de coerción sustitutiva. Hasta la finalización del proceso judicial, Muñoz y Medrano tienen estricta prohibición de contacto, comunicación y acercamiento hacia Luis Alberto Miranda y su domicilio.
División de defensas e investigación administrativa
Inicialmente, ambos efectivos fueron asistidos por la defensora oficial Soledad Forte. Sin embargo, al existir diferentes rangos y posibles responsabilidades cruzadas en las directivas, el magistrado ordenó separar las defensas. De este modo, Forte continuará patrocinando al cabo Medrano (de menor jerarquía), mientras que el defensor Walter Vaccaro asumirá la representación del sargento Muñoz.
Finalmente, más allá del proceso penal en curso, el Ministerio Público Fiscal confirmó que remitirá las actas de declaración y la totalidad del legajo a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) provincial. El objetivo es que el organismo avance con los sumarios correspondientes ante el evidente incumplimiento de los protocolos, fallas administrativas que incluso fueron reconocidas por la propia defensa de los uniformados.
