Hoy la Justicia pampeana tomó una decisión contundente frente a la crisis carcelaria en la ciudad. El Juez de Ejecución Penal, Dr. Jorge Mauricio Pascual, resolvió hacer lugar a un Hábeas Corpus Correctivo Colectivo presentado por la defensa pública debido a las condiciones infrahumanas de detención comprobadas en la Alcaidía de la Unidad Regional II (UR II) de General Pico.
Un reclamo urgente por hacinamiento y falta de higiene
La medida judicial fue impulsada por el Defensor General de la Provincia, Dr. Martín Saravia, en conjunto con la Defensora Dra. María Soledad Forte y el Defensor Adjunto Dr. Mauro Fernández. Los funcionarios actuaron en representación de un grupo de internos, denunciando un déficit crítico de plazas de alojamiento y graves situaciones de hacinamiento, haciendo especial foco en el Pabellón 5, el cual funcionaba como sector de aislamiento.
Durante la presentación del recurso, los defensores aportaron material fotográfico y actas de constatación que evidenciaron la dura realidad del lugar. Entre las principales falencias señaladas se destacaron el colapso de las cloacas en las celdas, la presencia de plagas y la interrupción recurrente del servicio de agua potable durante la noche.
Clausura y reubicación inmediata
Tras analizar detenidamente las pruebas y amparándose en el artículo 18 de la Constitución Nacional y tratados internacionales de Derechos Humanos, el magistrado dispuso la clausura inmediata del mencionado Pabellón 5. En su fallo, ordenó que las personas allí alojadas sean reubicadas de forma urgente en sectores que cuenten con camas individuales, luz natural, ventilación cruzada y sanitarios que garanticen su privacidad y correcta higiene.
El Dr. Pascual subrayó en su resolución que el Estado tiene la obligación ineludible de garantizar condiciones dignas en el cumplimiento de la privación de la libertad, evitando cualquier tipo de trato cruel, inhumano o degradante hacia los reclusos.
Intimación al Ministerio de Seguridad y Justicia
El fallo apunta también de lleno a la responsabilidad del Gobierno Provincial. El juez intimó al Ministerio de Seguridad y Justicia de La Pampa para que, a la brevedad, subsane el déficit de plazas mediante la provisión inmediata de camas, colchones y sábanas para los 73 detenidos que se encuentran alojados en la Alcaidía. De no cumplirse esta medida, advirtió que procederá a la clausura total del establecimiento.
A su vez, se ordenó la urgente reparación de la red sanitaria, la desobstrucción cloacal, la desinfección total de plagas y la restitución ininterrumpida del agua potable nocturna. Respecto a la infraestructura carcelaria, el juez recordó que el Gobierno licitó en el año 2024 la ampliación del edificio con un plazo de 180 días. Al considerar que dicho lapso se encuentra “cumplido holgadamente”, exigió el realojamiento de los condenados en esas nuevas instalaciones en caso de estar concluidas.
Finalmente, la resolución judicial otorgó un plazo perentorio de 30 días para que el Ministerio elabore un plan estricto de separación por categorías de los detenidos. Esto incluye el traslado inmediato de 47 condenados hacia establecimientos específicos de ejecución de penas, con el fin de descomprimir la Alcaidía y garantizar el cumplimiento adecuado de las normativas vigentes.
