La Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia provincial debió intervenir de urgencia tras detectar que una pareja habría recibido a un menor de parte de su madre biológica, aprovechando su situación de vulnerabilidad. El niño ya se encuentra bajo resguardo estatal y la Justicia penal investiga el caso.
El hecho, que encendió las alarmas de las autoridades locales la semana pasada, salió a la luz a partir de la rápida intervención del Organismo Municipal de Protección de Derechos de General Pico, dependencia que radicó la correspondiente denuncia penal el último martes 3 de septiembre.
Según la información oficial brindada por la Subsecretaría, la compleja situación involucra a una pareja que habría recibido al niño de manos de su progenitora —quien se encontraría en un profundo contexto de vulnerabilidad— presuntamente a cambio de una suma de dinero.
Ese mismo 3 de septiembre, la pareja involucrada se presentó ante el Juzgado de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes N.º 3 de General Pico con la intención de intentar regularizar la situación de manera judicial. Sin embargo, el Juzgado rechazó de plano la petición y dio inmediata intervención al Ministerio Público Fiscal. La decisión judicial se fundamentó en la posible comisión de delitos penales vinculados a la apropiación del niño y al aprovechamiento del estado de necesidad de la madre.
Posible alteración de identidad
La gravedad del caso sumó un nuevo agravante durante las primeras diligencias. Las autoridades detectaron elementos que indicarían que la pareja habría modificado el nombre del menor de manera informal mientras lo mantuvieron bajo su cuidado. Esta circunstancia también fue informada a la Justicia, ya que podría configurar un delito directo contra el derecho a la identidad del niño.
Frente a este preocupante escenario, se dispuso con carácter de urgencia una medida excepcional amparada en la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Actualmente, el menor fue retirado del cuidado de la pareja y se encuentra al resguardo de un dispositivo estatal especializado, donde recibe la contención necesaria.
Advertencia oficial sobre los canales de adopción
A raíz de este episodio, desde la Subsecretaría remarcaron enfáticamente que las entregas directas de niños entre particulares, al margen de los procedimientos legales, no constituyen una vía válida para determinar vínculos de filiación ni de adopción. Por el contrario, advirtieron que estas prácticas pueden configurar conductas delictivas graves.
El organismo pampeano recordó que, en estricto cumplimiento de la legislación provincial, nacional y la Convención sobre los Derechos del Niño, cualquier proceso de adopción exige de manera ineludible la intervención de los organismos del Estado, de las autoridades judiciales y la inscripción previa en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.
Finalmente, las autoridades reiteraron que cualquier accionar por fuera de las vías establecidas por la ley vulnera los derechos fundamentales de las infancias, y que la prioridad absoluta de las intervenciones estatales es garantizar la protección integral y el interés superior de los menores.
