La Asociación de Defensores y Defensoras Públicos, junto a las Asesorías de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de La Pampa, emitió un contundente comunicado en el que expresan su acompañamiento a los reclamos de los trabajadores judiciales en la mesa paritaria sectorial y advierten sobre una profunda crisis que atraviesa el Ministerio Público.
A través del documento, los funcionarios alertaron que la situación que padecen no es nueva. Aseguran que existe una sostenida sobrecarga laboral, falta de personal, numerosas vacantes sin cubrir y una demanda ciudadana que no para de crecer en la provincia. Como ejemplos de esta situación límite, recordaron la medida extrema de emergencia decretada recientemente en las Defensorías Civiles y la obligada reducción del horario de atención al público en la localidad de Victorica.
Desde la entidad remarcaron que el debate no puede limitarse únicamente a la incorporación de personal, el dictado de concursos o el otorgamiento de bonificaciones, sino que debe contemplar obligatoriamente la jerarquización de los funcionarios. “La creciente complejidad de las causas, el aumento en cantidad de audiencias, guardias, intervenciones urgentes y la atención permanente de personas que requieren asistencia jurídica generan una sobrecarga que exige respuestas institucionales concretas”, subrayaron.
El pedido de equiparación salarial
Uno de los puntos centrales del reclamo institucional apunta a la desigualdad generada en el año 2018. En aquel momento, se concretó la equiparación de los fiscales con los magistrados, un proceso del cual la Defensa Pública pampeana quedó excluida.
En este sentido, los defensores aclararon que reclamar la equiparación salarial “no constituye un privilegio”, sino que implica un reconocimiento necesario a la responsabilidad, la complejidad, la independencia funcional y la trascendencia institucional de quienes intervienen a diario en cuestiones determinantes vinculadas con la libertad, el patrimonio, los vínculos familiares y los derechos fundamentales de las personas.
Ante este complejo panorama de cara a la comunidad, consideraron indispensable avanzar en cinco ejes clave: la jerarquización de la Defensa Pública y de las Asesorías; la equiparación salarial con funciones equivalentes dentro del sistema judicial; la urgente incorporación de personal y cobertura de vacantes en todas las circunscripciones; el fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios; y la consolidación de mecanismos de carrera.
“La Defensa Pública y las Asesorías no pueden ser la variable de ajuste del sistema de Justicia. Es tiempo de discutir seriamente su jerarquización, autonomía, recursos y reconocimiento salarial”, concluye el comunicado.
