Jerónimo Altamirano, defensor del profesional señalado por presunta defraudación a una obra social, dialogó con INFOPICO RADIO 99.9. Aseguró que no hubo falsificación de firmas y justificó las irregularidades detectadas como una “práctica administrativa” para sortear los topes mensuales de cobertura de las prepagas.
La ciudad de General Pico se vio sacudida en los últimos días por la investigación judicial que recae sobre un odontólogo local, acusado de estafar a una obra social privada por una suma cercana a los 511.000 pesos y de falsificar firmas de una paciente. En medio del avance de la causa judicial, la defensa del profesional brindó su versión de los hechos.
En diálogo con INFOPICO RADIO 99.9, el abogado defensor Jerónimo Altamirano confirmó que el odontólogo ya prestó declaración como imputado y brindó una explicación sobre el accionar que hoy está bajo la lupa de la Fiscalía.
La versión de la defensa: límites de cobertura y facturación diferida
Según detalló Altamirano, el conflicto se originó cuando la paciente denunciante constató el cobro de un “plus” de 30.000 pesos por parte de su obra social, originado en una serie de prestaciones facturadas a principios de este año. La mujer sostiene que solo acudió al consultorio en noviembre de 2025, desconociendo las atenciones posteriores.
Sin embargo, para la defensa, el trabajo profesional efectivamente se realizó en su totalidad. “Él manifestó que en realidad las prestaciones se las hizo. Entendemos que es una cuestión administrativa que fue pasando de acuerdo a la cantidad de atenciones máximas que te permiten cada plan”, explicó Altamirano.
El letrado argumentó que los planes odontológicos suelen autorizar un máximo de dos prácticas mensuales. Ante pacientes que requieren múltiples arreglos, los profesionales se enfrentan a un dilema. “Lo que tendría que haber hecho es hacerle dos arreglos y que vuelva al mes siguiente, y así sucesivamente. Esa cuestión no es lógica ni para el paciente ni para él, porque pierden tiempo, y el hecho de no hacer todo el trabajo junto puede traer consecuencias más gravosas a futuro”, detalló el abogado.
Bajo esta lógica, la estrategia del odontólogo habría sido realizar todas las intervenciones necesarias en una sola etapa y luego “pasarlas de dos en dos de acuerdo al plan que tenía” para lograr el cobro total de su trabajo a través de la obra social.
El rechazo a la acusación por falsificación
Uno de los puntos más delicados de la imputación que lleva adelante el fiscal Matías Juan es la presunta falsificación de la firma de la paciente en las planillas enviadas a la obra social entre diciembre de 2025 y abril de 2026.
Al respecto, Altamirano fue categórico: “Él niega la falsificación de la firma”. Según el abogado, la modalidad empleada es una práctica habitual en la rama odontológica, donde se le solicita al paciente que firme de antemano múltiples planillas para poder realizar la facturación diferida mes a mes. “¿Qué pasa? Es común que si vas al odontólogo te haga firmar varias planillas. Le dicen ‘firmá acá, haceme cuatro, seis o diez firmas’ y después lo van pasando”, sostuvo el defensor.
El avance de la investigación judicial
La causa se inició hace dos semanas y ya cuenta con medidas probatorias. Tras la denuncia de la paciente, la Brigada de Investigaciones ejecutó un allanamiento en el consultorio del odontólogo —ordenado por el juez de Control, Eber Pregno— donde se secuestró documentación.
Actualmente, el profesional enfrenta cargos por falsificación de documento privado, uso de documento privado falso y estafa a la obra social. Si bien la entidad médica no ha radicado una denuncia formal y resolvió reintegrarle el dinero a la paciente mediante una nota de crédito, la Fiscalía decidió actuar de oficio al tratarse de un delito de acción pública y contar con evidencia suficiente sobre transferencias bancarias cuestionadas.
En los próximos días, el expediente sumará un paso fundamental: la realización de una pericia caligráfica sobre las firmas y aclaraciones plasmadas en las fichas médicas. Este peritaje será determinante para comprobar si, como sostiene la Fiscalía, los documentos fueron adulterados, o si, tal como afirma la defensa, las rúbricas pertenecen a la paciente y todo responde a una desprolijidad administrativa vinculada al sistema de facturación.
