La Comisión de Precalificación y Preadjudicación, a cargo del proceso licitatorio del área hidrocarburífera El Medanito, aprobó de manera formal el Pliego de Bases y Condiciones que regirá el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para otorgar la concesión de explotación del yacimiento.
La decisión fue tomada por unanimidad durante la tercera reunión del cuerpo, en cumplimiento con las responsabilidades que le asigna la Ley Provincial Nº 3640. La aprobación del pliego y sus anexos se considera un paso fundamental en el avance del proceso, ya que garantiza reglas claras, seguridad jurídica y condiciones para promover inversiones orientadas al desarrollo productivo y energético de La Pampa.
Del encuentro participaron, en representación del Poder Ejecutivo Provincial, el secretario de Energía y Minería, Matías Toso; la asesora Letrada de Gobierno, Griselda Ostertag; el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Jorge Luis Fernández; el secretario de Trabajo y Promoción del Empleo, Marcelo Pedehontaá; y la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Vanina Basso. Por parte de la empresa Pampetrol SAPEM estuvieron presentes su presidenta, María de los Ángeles Roveda, y el director Juan Pedro Brindesi.
La reunión también contó con la presencia del intendente de 25 de Mayo, Leonel Emanuel Monsalve Herrera, y de los representantes de la Legislatura Provincial Julián Oscar Aguilar (UCR), Enrique Manuel Juan (PRO), y Noelia Sosa junto a María Luz Alonso por el FreJuPa.
La Comisión tiene a su cargo tanto la elaboración y aprobación del pliego como la intervención en las etapas de evaluación, calificación y preadjudicación de las ofertas que se presenten. Según se informó, su conformación plural, con representación de distintos poderes del Estado, organismos provinciales y actores territoriales, busca fortalecer la transparencia, la participación institucional y la solidez técnica del proceso.
La licitación del área El Medanito es considerada una instancia estratégica para el futuro energético de la provincia, en línea con una política pública que busca potenciar el aprovechamiento responsable de los recursos naturales, promover inversiones, generar empleo y consolidar el desarrollo sostenible de las comunidades vinculadas a la actividad hidrocarburífera.
