El secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, José Gobbi, ratificó la política sostenida del Gobierno provincial en defensa del agua y los recursos naturales. En ese marco, cuestionó duramente la modificación de la Ley de Glaciares y se refirió al rol de la Provincia en la protección de los acuíferos ante proyectos de urbanización.
En declaraciones a la radio LU100, el funcionario aseguró que “la postura del Gobierno provincial ha sido muy clara” en su rechazo a la nueva normativa, una posición compartida por la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos. Según Gobbi, esta modificación amenaza los ríos pampeanos, “particularmente el río Colorado”.
El secretario fue más allá y señaló que la nueva normativa “en realidad debería denominarse ley de desprotección de glaciares y ambientes periglaciares”. Destacó además el respaldo a la presentación judicial impulsada por organizaciones ambientales ante el Juzgado Federal de Santa Rosa, un amparo colectivo que cuenta con “850 mil firmas de argentinas y argentinos que han expresado claramente su posicionamiento en contra de esta ley”.
“Quedó bien claro que esta ley, a todas luces, es inconstitucional y viola desde la Ley General del Ambiente hasta principios constitucionales”, afirmó Gobbi.
Consultado sobre la apelación presentada por La Pampa tras el rechazo a una medida cautelar para frenar la ley, el funcionario explicó que el argumento se basa en el principio precautorio. “En cuestiones ambientales no hay que esperar a que se genere efectivamente el daño porque muchos de esos efectos negativos son irreversibles”, indicó.
Para graficar su punto, sostuvo que “si hay una intervención minera destruyendo un glaciar para hacer explotación, una vez que esa intervención se realizó el daño es irreversible”. Y remarcó: “Aquí no hay una cuestión como puede pasar en otros ámbitos del derecho donde después existe una reparación monetaria. En casos ambientales el daño es irreversible”.
En otro tramo de la entrevista, Gobbi abordó el debate sobre posibles urbanizaciones en zonas de reserva del acuífero de Santa Rosa. Aclaró que, si bien se debe conocer cada proyecto en detalle para emitir una opinión técnica, existe una normativa provincial que debe ser respetada.
El funcionario recordó la vigencia de la Resolución 120/25 de la Secretaría de Recursos Hídricos, que establece procedimientos obligatorios para cualquier loteo o fraccionamiento que involucre el recurso hídrico. Si bien los municipios tienen la potestad de ordenar su territorio, Gobbi fue contundente al señalar que “el agua subterránea es un bien público tutelado por el Estado provincial”.
“Cualquier tipo de loteo o fraccionamiento tiene que tener en cuenta esta normativa”, aseveró, y concluyó sobre el rol del organismo que dirige: “En términos hídricos, todo el mundo tiene que cumplir con la normativa”.
