Un hombre condenado a 10 años de prisión por abusar sexualmente de una niña menor de 13 años fue absuelto y dejado en libertad. El Tribunal de Impugnación Penal determinó que durante la Cámara Gesell se violó el derecho a defensa del imputado, echando por tierra toda la investigación.
Un polémico fallo del Tribunal de Impugnación Penal (TIP) de La Pampa, Sala “A”, ha dejado al descubierto una grave negligencia en el sistema judicial que culminó con la liberación de un hombre condenado por abuso sexual infantil. El individuo, identificado por sus iniciales H.E.L. y apodado “el negro”, había recibido una pena de 10 años de cárcel a fines de 2025. Sin embargo, un error técnico durante la recolección de pruebas obligó a los magistrados a anular todo el proceso.
El caso dio un giro drástico cuando la defensa apeló la sentencia argumentando que la principal prueba, el testimonio de la víctima en Cámara Gesell, era nula. ¿El motivo? Durante esa entrevista, que originalmente investigaba a otro sospechoso, la niña mencionó espontáneamente a H.E.L. como su agresor. Ante esta revelación, ni la fiscalía ni la jueza de control frenaron la declaración para convocar a un defensor oficial que representara los derechos del nuevo señalado, tal como lo exigen las normativas vigentes y los protocolos de UNICEF.
El tribunal revisor, integrado por las juezas María Antonella Marchisio y María Eugenia Schijvarger, le dio la razón al abogado defensor. Explicaron que la falta de un representante legal en ese momento crucial impidió que el acusado pudiera defenderse, controlar la prueba o hacer preguntas sobre las circunstancias de tiempo y lugar del hecho denunciado.
Aplicando la doctrina legal conocida como “el fruto del árbol envenenado”, las juezas determinaron que al ser inválida esa Cámara Gesell, todos los actos posteriores (la acusación, el juicio y la condena) también quedaban anulados. Ante la inexistencia de otras pruebas independientes que vincularan al hombre con los abusos, el Tribunal no tuvo más remedio que dictar su absolución y ordenar su inmediata libertad, dejando a la víctima sin justicia por una falla en el procedimiento estatal.
