La Asociación de Defensores y Defensoras Públicas de la provincia de La Pampa renovó su reclamo por la profunda crisis estructural que atraviesan las dependencias del sector. La falta de personal, los espacios edilicios inadecuados y la creciente demanda de los sectores más vulnerables configuran un panorama crítico que, advierten, requiere respuestas urgentes por parte del poder político.
En diálogo con InfoPico Radio 99.9, el doctor Walter Vaccaro, vocero de la asociación, detalló la gravedad de la situación que ya había motivado la declaración de emergencia en diciembre pasado por parte del Defensor General, Martín Sarabia. “No dan abasto con la atención de los sectores de menores recursos, que son los que más exigen el acceso a la defensa pública para trámites de cuotas alimentarias o medidas preventivas urgentes por violencia de género”, explicó.
Oficinas en depósitos y falta de personal
El colapso no es solo de recursos humanos, sino también físico. Vaccaro graficó las pésimas condiciones en las que desempeñan sus tareas diarias, apuntando especialmente a la capital pampeana.
“En Santa Rosa hay un problema edilicio grave. Están trabajando en la Ciudad Judicial en lugares que iban a ser depósitos, sin ventilación y sin luz natural. No están en condiciones dignas para ejercer su función”
El estancamiento de los recursos contrasta fuertemente con el crecimiento poblacional de la provincia. Para ilustrarlo, el funcionario citó el caso de Guatraché: “Hace 30 años que se creó la Defensoría y sigue con el mismo funcionario y el mismo personal, a pesar de que la ciudad obviamente creció”.
“Se quema la cabeza”: el impacto en la salud mental
La sobrecarga constante y las malas condiciones de trabajo impactan de lleno en el bienestar de los profesionales. “Esto crea el síndrome de burnout. Si el trabajador no trabaja en ciertas condiciones, se quema la cabeza”, disparó Vaccaro con crudeza.
Ante esto, deslizó la posibilidad de evaluar alternativas para cuidar al personal, mencionando el ejemplo de la provincia de San Luis, donde se otorgan diez días de licencia anuales específicos para aliviar la presión psicológica que exige el cargo. Sin embargo, aclaró que implementar medidas similares requiere voluntad para dictar las reglamentaciones necesarias.
Desigualdad judicial y la espera de respuestas
A nivel institucional, el reclamo de fondo apunta a la autonomía del Ministerio Público de la Defensa para poder administrar su propio presupuesto. Según el defensor, desde 2018 los fiscales fueron equiparados a la magistratura judicial, dejando a las defensorías relegadas. “Somos la única provincia del país con sistema acusatorio donde no están equiparados los jueces, fiscales y defensores. Falta una decisión política para que haya igualdad de armas”, subrayó.
Pese al respaldo del Consejo Federal de Defensores y de la asociación nacional ADIPRA —que resumió el conflicto bajo el lema “defender la defensa pública es defender el acceso a la justicia”—, el diálogo con el Ejecutivo provincial sigue frenado. La asociación solicitó una audiencia con el ministro de Justicia y Seguridad, Horacio di Nápoli, pero aún siguen esperando. Hasta el momento, el único organismo del Estado que les abrió las puertas y mantuvo una reunión formal fue el Superior Tribunal de Justicia, a través de su presidente, Hugo Díaz.
