La crisis en el sistema de atención a personas con discapacidad se agudiza mes a mes. En La Pampa y en el resto del país, los prestadores de servicios denuncian una deuda acumulada de más de seis meses por parte del gobierno nacional. La situación pone en jaque no solo los salarios de los trabajadores, sino la continuidad de tratamientos esenciales y, en algunos casos, el techo y la comida de los pacientes.
“Desde el momento cero el ámbito de la discapacidad fue fuertemente atacado”, sentenció Iván Poggio, director de Discapacidad de la provincia de La Pampa, en diálogo con InfoPico Radio 99.9.
El funcionario provincial confirmó que el último pago que recibieron las instituciones corresponde a octubre del año pasado. Desde entonces, los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril transcurrieron sin que ingrese un solo peso por las prestaciones brindadas a través del programa nacional Incluir Salud.
Un problema federal con impacto local
En La Pampa, el sistema cuenta con unos 10 u 11 prestadores. Poggio mantiene un contacto casi diario con la mayoría de ellos. Si bien algunas obras sociales cumplen con sus obligaciones, el grueso de la facturación depende de Incluir Salud, la cobertura asociada a las pensiones no contributivas, que es justamente la que registra el mayor atraso.
La falta de fondos no es exclusiva de la provincia. A nivel nacional, la desesperación llevó a varios prestadores a presentar recursos de amparo y denuncias penales por abandono de persona contra el Estado.
“Ensuciar la cancha”
Al analizar el contexto político, Poggio no dudó en apuntar contra las decisiones de la administración central. Recordó el cierre y posterior degradación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ahora bajo la órbita del Ministerio de Salud, y las polémicas auditorías de las pensiones.
Sobre este último punto, el director pampeano fue categórico. Detalló que el gobierno nacional gastó miles de millones de pesos en enviar un millón de cartas documento, de las cuales más de la mitad nunca llegó a los titulares. La irregularidad del proceso fue tal que un juzgado federal de Catamarca ordenó retrotraer todo a foja cero.
“Hubo hechos graves como en Misiones, donde iban supuestos auditores con sellos falsos que ni siquiera eran médicos”, denunció Poggio.
Además, cuestionó la narrativa oficial impulsada desde la Casa Rosada, recordando cuando el vocero presidencial Manuel Adorni exhibió la radiografía de un perro para justificar los recortes. “Era una pensión que nunca fue otorgada. Lo importante para ellos es ensuciar un poco la cancha y tratar de recortar con todos estos prejuicios”, disparó el funcionario.
El hilo se corta por lo más delgado
Más allá de los números y las disputas políticas, el impacto real recae sobre las personas con discapacidad. Muchos de los prestadores afectados son instituciones residenciales donde los pacientes viven, comen y realizan sus actividades diarias.
La incertidumbre domina el panorama. Mientras los trabajadores exigen cobrar por sus servicios para poder subsistir, las familias pampeanas esperan que la situación se destrabe rápido para no interrumpir la atención médica y terapéutica que sus familiares necesitan de manera urgente e irremplazable.
