El Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina expresó su profunda preocupación por la grave crisis estructural que atraviesan las Defensorías Civiles en la provincia de La Pampa. A través de un documento oficial con fecha del 15 de abril de 2026, los y las titulares de las Defensas Públicas de todo el país respaldaron la declaración de emergencia resuelta por el Defensor General pampeano, Martín Saravia.
Condiciones estructurales y sobrecarga de trabajo
En el escrito, las autoridades nacionales alertaron sobre el deterioro de las condiciones en las que operan estas dependencias judiciales en el territorio provincial. De acuerdo a lo estipulado en la Resolución DG N.º 10/25 de la Defensoría General, el escenario actual está fuertemente marcado por una preocupante insuficiencia de recursos humanos y materiales.
A este contexto se le suma una notable sobrecarga de tareas, importantes limitaciones edilicias y la falta de herramientas técnicas adecuadas. Desde el Consejo advirtieron que este panorama compromete de manera directa la prestación del servicio y reduce drásticamente la capacidad de respuesta frente a una demanda social que continúa en constante crecimiento.
El impacto en los sectores más vulnerables
Uno de los puntos en los que hicieron mayor hincapié los funcionarios es el impacto negativo que esta crisis genera en la atención de las personas de alta vulnerabilidad. Para estos sectores de la sociedad, acudir a la Defensa Pública representa, en la mayoría de los casos, la única vía esencial y efectiva para acceder a la justicia.
A modo de cierre, el Consejo Federal remarcó que la Defensa Pública constituye un pilar fundamental del Estado de Derecho y que su debilitamiento resiente el adecuado funcionamiento de todo el sistema judicial. Por este motivo, consideraron “imprescindible” la adopción de medidas urgentes para revertir el panorama actual y garantizar condiciones dignas para el ejercicio de la defensa de los pampeanos.
