El Gobierno de La Pampa, en conjunto con la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos, presentó una acción de amparo colectivo ambiental en el Juzgado Federal de Santa Rosa contra la ley nacional que modifica el régimen de protección de glaciares. La presentación judicial busca que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la norma, al considerar que vulnera derechos constitucionales vinculados al ambiente y al acceso al agua.
El anuncio fue encabezado este jueves por el gobernador Sergio Ziliotto en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno. La medida, patrocinada por la fiscala de Estado, Romina Schmith, y el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, incluye una solicitud de medida cautelar para que la ley no se aplique hasta que la Justicia se expida sobre su constitucionalidad. Estuvieron presentes el rector de la UNLPam, Oscar Alpa; el diputado Hernán Pérez Araujo; el presidente de la Asamblea por los Ríos Pampeanos, Roberto Rodríguez; y el titular de la Fuchad, Héctor Gómez.
El gobernador Ziliotto afirmó que la norma “lesiona derechos ambientales colectivos consagrados en la Constitución Nacional y en convenciones internacionales” y vulnera el principio de no regresión ambiental del Acuerdo de Escazú. “Estamos planteando la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de la ley que ha sancionado el Congreso de la Nación”, sentenció. Advirtió que la modificación tendrá un impacto directo en la provincia: “Esta es una ley que nos va a quitar nuestros derechos sobre el agua y va a perjudicar el ambiente”.
Ziliotto explicó que, si bien la provincia no tiene glaciares, su principal fuente de agua proviene de ellos. “La Pampa no tiene glaciares, pero sí depende del único río que hoy corre por la provincia, que es de origen glacial. También los otros dos que ya no corren. A partir de esta ley va a haber menos agua”, advirtió. En este sentido, destacó la importancia del río Colorado, que abastece al 45% de la población pampeana, y recordó que el proyecto para extender el acueducto al norte fue suspendido por el Gobierno nacional.
La fiscala de Estado, Romina Schmidt, detalló que la demanda se preparó ante la inminente sanción de la ley y cuestionó la falta de audiencias públicas reales. “El daño que tiene la Provincia de La Pampa no es un daño abstracto, es un daño real, porque en el momento en el que no llegue más agua de calidad y cantidad en el río Colorado, van a sufrirlo todos los habitantes”, aseguró. Schmidt anticipó que se pedirá la “inmediata inaplicabilidad de la ley” por vulnerar el artículo 41 de la Constitución Nacional.
Por su parte, el rector de la UNLPam, Oscar Alpa, ratificó el acompañamiento de la casa de estudios, destacando su compromiso histórico con la defensa del agua. “Además de investigar y enseñar, una de las funciones es estar comprometido con el territorio, y ese compromiso es una definición política”, sostuvo Alpa, y agregó que la Universidad acompañará la presentación “comprometidos con nuestra provincia, no solo con la comunidad universitaria, sino con todas las familias pampeanas”.
El diputado provincial Hernán Pérez Araujo calificó el día de la sanción como “trágico, muy triste” y expresó su pesar por ver “un atisbo de quiebre institucional” en la defensa de los recursos hídricos. “Me ocasiona mucho pesar que no todos los representantes del pueblo de La Pampa estemos defendiendo la provincia y a su pueblo, sino que estén defendiendo intereses espurios y foráneos”, enfatizó. Anunció que el bloque del FREJUPA presentará un proyecto de adhesión a la iniciativa y pidió a todos los legisladores provinciales “que nos saquemos el color político de la cabeza”.
Desde las organizaciones civiles, Héctor Gómez, presidente de la Fundación Chadileuvú, remarcó que “el río Colorado es vital para La Pampa”. Explicó que el acueducto suministra agua de calidad a casi la mitad de la población y que, sin ese recurso, “la provincia de La Pampa dejaría de ser viable”. A su turno, Roberto Rodríguez, de la Asamblea por los Ríos Pampeanos, alertó que la nueva ley cambia las prioridades. “La prioridad era el consumo humano, pero a partir de esta ley parece que la prioridad puede ser la inversión que hagan las mineras”, concluyó.
La acción judicial interpuesta contra el Estado Nacional solicita que se declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de la ley por lesionar derechos colectivos como el ambiente sano, el agua y la salud, consagrados en los artículos 41, 43 y 75 de la Constitución Nacional. Además, se argumenta que la norma es violatoria del principio de no regresión ambiental reconocido en el Acuerdo de Escazú, ya que “reduce el alcance del objeto protegido, fragmenta la tutela y debilita el estándar uniforme propio de una ley de presupuestos mínimos”.
Concretamente, la presentación pide a la Justicia que haga lugar a la medida cautelar para suspender de forma inmediata la aplicación de la ley, ordene al Estado Nacional abstenerse de dictar actos fundados en ella y, finalmente, declare su inconstitucionalidad, nulidad absoluta e inaplicabilidad en todo el territorio argentino, invalidando cualquier reglamentación o acto administrativo derivado de la misma.
