Una empleada del Hospital Gobernador Centeno de General Pico fue condenada a dos años de prisión de ejecución condicional por falsificar certificados médicos y cometer fraude contra la Administración Pública. La jueza de control, María Jimena Cardoso, encontró a Carina Anabel Rekofsky, de 48 años, autora del delito de falsificación de instrumento privado en concurso ideal con fraude, en carácter de delito continuado. La sentencia, dictada en el marco de un acuerdo de juicio abreviado, también incluye la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos en la provincia de La Pampa.
La investigación demostró que, entre el 28 de enero y el 20 de octubre de 2025, Rekofsky confeccionó treinta certificados médicos falsos, atribuyéndolos a un cirujano del mismo hospital. En los documentos simuló íntegramente la letra, contenido, firma y sello del profesional para justificar inasistencias laborales, argumentando diagnósticos y reposos que nunca existieron. El médico damnificado confirmó que no atendió a la imputada en ninguna de las fechas consignadas ni le prescribió tratamiento alguno. El acuerdo de juicio abreviado fue solicitado por la fiscalía, a cargo de Armando Agüero y Matías Juan, y contó con el consentimiento de la imputada, su defensor Facundo Rossi, y el médico cuyo nombre fue utilizado.
Mediante este engaño, la empleada logró que la administración pública provincial le abonara los salarios correspondientes a los días no trabajados. El perjuicio económico ocasionado al Estado fue cuantificado por la Contaduría General de la provincia en la suma de $10.890.905,61. En su fallo, la magistrada Cardoso expresó que “dicho engaño indujo a error a las personas encargadas de gestionar las licencias y liquidar los haberes. Como consecuencia de ese error, la administración pública dispuso el pago de los salarios correspondientes a días en que la imputada no prestó servicios, generando un perjuicio patrimonial efectivo”.
La jueza agregó que “el accionar de la imputada lesionó simultáneamente dos bienes jurídicos distintos, la fe pública y la administración pública al ocasionarse un menoscabo económico al Estado provincial”. Además de la pena, se le impusieron reglas de conducta por dos años, como fijar domicilio y someterse al control del Ente de Políticas Socializadoras. Finalmente, se ordenó notificar la sentencia a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA).
