En una maniobra política destinada a federalizar el debate sobre la reestructuración normativa del empleo, las autoridades laborales de Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones y Tierra del Fuego presentaron este jueves un reclamo formal al Gobierno nacional. El objetivo central es que se convoque de manera urgente al Consejo Federal del Trabajo (CFT) para analizar en profundidad la reforma laboral que recientemente obtuvo media sanción en el Senado.
La solicitud fue dirigida específicamente al secretario de Trabajo, Julio Cordero, mediante una nota rubricada por los máximos responsables de las carteras laborales de dichas jurisdicciones. En el escrito, los funcionarios provinciales demandaron una sesión presencial y exclusiva, argumentando que una modificación de tal magnitud no debe limitarse al ámbito parlamentario sin considerar la realidad operativa de cada distrito.
Entre los firmantes destaca el ministro de Trabajo bonaerense, Jorge Walter Correa, quien junto a sus pares advirtió que la iniciativa libertaria tendrá un impacto directo no solo en las relaciones laborales, sino también en materia fiscal y en los esquemas de inspección que dependen de las administraciones locales.
Bajo el título “El peso de un reclamo federal”, las seis provincias enfatizaron su rol como “actores imprescindibles” en la discusión del modelo nacional, dado que son quienes gestionan la conflictividad laboral en el territorio. Asimismo, recordaron la vigencia del Pacto Federal del Trabajo (Ley 25.212), normativa que obliga al CFT a sesionar al menos cada tres meses, un plazo que los funcionarios instaron a respetar ante la coyuntura.
El documento expone, además, un trasfondo político complejo, particularmente en el caso de Misiones. Si bien la autoridad laboral provincial acompañó el reclamo junto a distritos opositores como los de Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela y Gustavo Melella, en el Congreso la situación fue dispar. Mientras los senadores de estos gobernadores votaron en contra, los legisladores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut —alineados con Carlos Rovira y el gobernador Hugo Passalacqua— aportaron votos clave para la aprobación de la ley.
Con este pedido, los mandatarios buscan trasladar la discusión al plano institucional federal y ejercer presión antes de que el proyecto sea tratado en la Cámara de Diputados, sosteniendo que “el CFT no puede ser una mera caja de resonancia”, sino una herramienta efectiva para abordar problemáticas concretas.
