El conflicto judicial que involucraba más de mil cabezas de ganado y cifras millonarias llegó a su fin en las últimas horas. El Fiscal General Armando Agüero confirmó en los micrófonos de InfoPico Radio 99.9 que las partes involucradas alcanzaron un acuerdo económico confidencial, lo que permitió levantar el secuestro de la hacienda y archivar la investigación penal.
Un operativo de película en el límite provincial
La disputa se centraba en la propiedad y trazabilidad de 1.060 animales que habían sido trasladados desde Córdoba, pasando por La Pampa, hasta la localidad de Fortuna, en San Luis. Según detalló Agüero, la magnitud económica del litigio era exorbitante: “Estamos hablando de 500 millones de pesos, un millón de dólares. Son números ajenos al entendimiento tuyo y mío”, graficó el funcionario judicial.
Para resolver la situación, el propio Fiscal General se trasladó hasta Fortuna, donde se montó un operativo conjunto con la policía de La Pampa, San Luis y la División de Criminalística. La tarea era titánica: identificar uno por uno a los animales, “pelando el lomo” para verificar las marcas a fuego y determinar la titularidad.
“Muchos casos se resuelven estando en el lugar de los hechos, mucho más fácil y rápido que en una oficina con un expediente. Por eso incentivo a los fiscales a que salgan”, destacó Agüero sobre su presencia en el campo.
El acuerdo y el principio de oportunidad
En medio del peritaje, que se estimaba duraría entre cuatro y cinco días, las partes —Ingaramo y Lanser— llegaron a un arreglo privado. “Se pusieron de acuerdo en la distribución de la hacienda y pidieron la suspensión de la prueba”, explicó Agüero. Inmediatamente, se solicitó al juez de control el levantamiento del secuestro y cada productor se llevó su parte de los animales, algunos regresando a Rancul y otros con destino a campos de los compradores.
El Fiscal General aclaró por qué la Justicia permite este tipo de resoluciones. Se trata del principio de oportunidad, aplicable en delitos estrictamente económicos donde no existe violencia contra las personas.
“El Código Penal invita a que, si se repara el perjuicio a la víctima al 100%, no tiene sentido seguir con la investigación”, señaló Agüero, diferenciando este caso de aquellos donde hay violencia física o de género, donde el Estado no puede desistir de la acción penal aunque haya dinero de por medio.
Al tratarse de una cuestión patrimonial, y habiendo conformidad plena de los damnificados, la causa penal se archiva, cerrando así uno de los capítulos judiciales más resonantes de las últimas semanas en el norte pampeano.
