Tras el reciente secuestro de 1060 animales en la localidad de Chaján, en el marco de la investigación por una presunta estafa millonaria a una firma de Rancul, el consignatario Carlos Lanser negó cualquier vinculación con la maniobra. El empresario cuestionó duramente el procedimiento judicial y aseguró que la hacienda retirada de su campo fue adquirida legalmente y cuenta con toda la documentación respaldatoria.
La investigación judicial que comenzó en mayo de 2025 por una presunta estafa con cheques sin fondos, y que tiene como damnificada a la empresa pampeana San Jorge Cereales y Hacienda SA, sumó un nuevo capítulo polémico tras el masivo operativo realizado el pasado fin de semana en el sur de Córdoba.
Carlos Lanser, titular de Agropecuaria La Madera SA y dueño del feedlot allanado en Chaján, rompió el silencio para rechazar de plano la hipótesis de la Fiscalía de La Pampa. Según los investigadores, los animales allí encontrados serían parte del lote desapoderado a la firma de Rancul mediante maniobras fraudulentas. Sin embargo, Lanser sostiene que se trata de un error judicial grave.
“Una aberración jurídica”
En su descargo, el empresario ganadero afirmó que los animales secuestrados no corresponden a la firma denunciante y que su origen es lícito. “La hacienda que se llevaron no es de San Jorge Cereales. Tenemos toda la trazabilidad, factura por factura, caravana por caravana. Esto es una aberración”, declaró Lanser, visiblemente molesto por el accionar de la justicia pampeana.
Según su versión, la hacienda que se encontraba en el establecimiento “Carlos Tercero” fue adquirida en operaciones regulares, principalmente en ferias, y cuenta con las facturas, marcas y caravanas debidamente identificadas que acreditan su propiedad.
El trasfondo de la causa
Vale recordar que la causa principal investiga a Iván Fiorini y Ana Paula Courreges, representantes de la firma San Pablo Oeste SA, quienes están imputados por estafa tras haber librado cheques sin fondos por una suma millonaria para la compra de ganado. Ambos permanecieron tres meses con prisión domiciliaria en General Pico y actualmente se encuentran en libertad con medidas restrictivas.
La hipótesis del Ministerio Público Fiscal sugiere que, tras la estafa, la hacienda fue movida desde un campo en la provincia de Buenos Aires hacia el feedlot de Lanser en Córdoba, en una maniobra considerada “sospechosa” para ocultar los animales. Lanser niega rotundamente haber encubierto a los imputados o haber participado de la maniobra.
“Nosotros no tenemos ni tuvimos esa hacienda. La que estaba en el campo fue comprada en feria, con documentación. Hace 87 años que somos consignatarios y jamás dejamos de pagar una vaca. Incluso vendimos propiedades nuestras para cumplir con compromisos comerciales”, enfatizó el consignatario.
Cuestionamientos al operativo
Uno de los puntos más tensos del reclamo de Lanser gira en torno a cómo se llevó a cabo el allanamiento y secuestro de los 1060 vacunos. El empresario calificó el procedimiento como “improcedente” y denunció que se vulneró su derecho a la propiedad privada.
“No se verificaron correctamente las marcas ni las caravanas; se cargó hacienda de noche sin discriminar categorías, sin saber si eran machos, hembras o preñadas. Así no se hace un secuestro de ganado”, criticó Lanser. Además, aseguró que las autoridades no contemplaron la documentación que estaba disponible en el establecimiento al momento del operativo.
Según informó la justicia, los animales —compuestos por vacas, vaquillonas preñadas y toros— fueron entregados a la empresa denunciante (San Jorge Cereales) en carácter de depositaria judicial y trasladados a un campo en Fortuna, San Luis. Para Lanser, esto no fue un “recupero”, sino que “nos sustrajeron 1000 animales que eran de nuestra propiedad”.
Acciones legales
Ante esta situación, el dueño del feedlot confirmó que ya inició presentaciones judiciales en los fueros de La Pampa, Córdoba y a nivel federal para revertir la medida y recuperar la hacienda. “La causa no tiene sustento, se cae sola. No hay estafa ni encubrimiento de nuestra parte”, concluyó.
El caso continúa generando repercusiones en el sector agropecuario de la región, mientras la justicia deberá determinar ahora la veracidad de la documentación presentada por el feedlot cordobés frente a la evidencia recolectada por la fiscalía pampeana.
