En un despliegue judicial y policial de gran magnitud, la justicia pampeana logró recuperar 1.060 animales que habían sido sustraídos a la firma “San Jorge” mediante maniobras fraudulentas. El procedimiento se realizó en la localidad cordobesa de Chaján, donde se investiga una red de encubrimiento que involucra a un conocido feriero.
Un importante golpe contra el delito rural se concretó este fin de semana, poniendo un punto de inflexión en la investigación por la estafa millonaria que afectó a la empresa “San Jorge Cereales y Hacienda SA”, de la localidad de Rancul. Entre los días 16 y 17 de enero, un operativo coordinado permitió el secuestro de 1.060 cabezas de ganado en un establecimiento rural de la provincia de Córdoba, las cuales estaban a punto de ser comercializadas ilegalmente.
El procedimiento se llevó a cabo en el campo denominado “Carlos Tercero”, ubicado en Chaján, Córdoba. La medida fue posible gracias al exhorto firmado por el juez de Control de General Pico, Dr. Diego Ambrogetti, a solicitud del fiscal adjunto Dr. Matías Juan, y ejecutado mediante una orden de allanamiento dictada por el juez de Control y Faltas de Río Cuarto, Dr. Diego Ortiz.
La ruta de la hacienda y la maniobra de encubrimiento
La investigación, que se remonta a una denuncia de mayo de 2025, expuso una compleja trama delictiva. Originalmente, la estafa, calculada en unos 800 millones de pesos, fue perpetrada mediante la entrega de cheques sin fondos por parte de Iván Fiorini y Ana Paula Courreges, representantes de la firma “San Pablo Oeste SA”. Esta pareja, oriunda de General Pinto (Buenos Aires), ya se encuentra imputada y formalizada en la causa.
Sin embargo, el hallazgo de los animales abrió una nueva arista en la investigación. Según la información recabada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y datos del SENASA, la hacienda —compuesta por vacas, vaquillonas preñadas y toros— fue trasladada inicialmente a la provincia de Buenos Aires. A mediados del año pasado, se detectó un movimiento sospechoso hacia el feedlot “Carlos Tercero” en Chaján, propiedad del conocido feriero ganadero Carlos J. Lanser, administrado bajo su firma “Agropecuaria La Madera SA”.
La hipótesis principal de la fiscalía sugiere que Lanser habría actuado como encubridor de los estafadores originales. Se sospecha de un acuerdo para resguardar y engordar los animales en su campo, evitando así su incautación, con el objetivo final de venderlos en feria y obtener ganancias millonarias. De hecho, los investigadores creen que el operativo llegó justo a tiempo, ya que existían indicios de que la tropa iba a ser enajenada esta misma semana para su posterior faena.
Tensión durante el allanamiento
El procedimiento no estuvo exento de complicaciones. Según fuentes judiciales, el propietario del campo, Carlos Lanser, y sus puesteros, mostraron una actitud violenta y hostil hacia los efectivos policiales de Chaján y de la unidad de investigaciones de Río Cuarto. Hubo intentos de obstaculizar el accionar de la justicia mediante agresiones verbales y físicas, lo que destacó aún más el profesionalismo de las fuerzas de seguridad intervinientes para asegurar el secuestro de los animales.
Situación judicial y restitución
Tras el operativo, y por orden del juez Ortiz, la totalidad de los vacunos secuestrados fue entregada a la empresa damnificada de Rancul, a cargo de los hermanos Ingaramo y Viano, en calidad de depositario judicial. La hacienda fue trasladada a un campo de la firma en Fortuna, San Luis, logrando recuperar así la casi totalidad de los 1.133 animales denunciados originalmente.
En cuanto a los implicados, Fiorini y Courreges permanecen en libertad, aunque sujetos a medidas restrictivas tras haber cumplido tres meses de prisión domiciliaria en General Pico. Por su parte, se evalúa citar a declarar en los próximos días a Carlos Lanser ante el MPF de General Pico, donde podría ser imputado por el delito de encubrimiento.
La causa continúa bajo la dirección del Fiscal General Dr. Armando Agüero y el Fiscal Adjunto Dr. Matías Juan, con la participación del Dr. Alejandro Viano como querellante en representación de la empresa damnificada.
