En un fuerte operativo de control sobre la actividad cinegética y la preservación de los recursos naturales, la Subsecretaría de Asuntos Agrarios de la provincia notificó una serie de sanciones y multas que, en algunos casos, superan el millón de pesos. Las infracciones incluyen desde la falta de permisos hasta el uso de métodos de caza prohibidos por la ley pampeana.
Sanciones a ciudadanos extranjeros
Uno de los puntos más llamativos de las recientes publicaciones oficiales es la imputación de dos ciudadanos extranjeros, J. T. y F. B. B.. Ambos fueron señalados como presuntos infractores por omitir la portación del permiso de caza y por cazar con armas, municiones o métodos prohibidos, según lo establece el Decreto Reglamentario 2218/94. La Dirección General de Recursos Naturales los ha emplazado para que realicen sus descargos legales en un plazo de cinco días.+3
Multas que superan el millón de pesos
La rigurosidad de las multas aplicadas refleja la intención del Estado de desalentar la caza ilegal. Entre los casos más destacados se encuentran:
- I. R. R.: Fue sancionado con una multa de $1.025.800,00 por infracciones a la Ley 1194. Además de la sanción económica, se le impuso una inhabilitación para realizar actividades relacionadas con la fauna silvestre hasta el 31 de diciembre de 2026.
- Y. I. P.: Recibió una sanción de $1.130.000,00.
- L. O. F. H.: Deberá abonar $2.260.000,00 y también quedó inhabilitado para cazar hasta finales de 2026.
- N. G. D. D. R.: Se le impuso una multa de $2.486.000,00 por diversas infracciones a la normativa vigente.
Reincidencia y penas accesorias
La Subsecretaría, a cargo del Médico Veterinario Ricardo Baraldi, también ha hecho hincapié en la reincidencia. Infractores como N. R. S. y V. D. R. fueron sancionados no solo con multas de $345.800 y $678.000 respectivamente , sino también con la prohibición de realizar actividades de caza por períodos determinados.
Por otro lado, la Dirección General de Recursos Naturales notificó a la firma “L. M. S.A.” por realizar raleos mecánicos y desmontes con desarraigo sin autorización en un predio rural del Departamento Rancul, afectando superficies de bosque nativo y picadas cortafuego.
Estas acciones forman parte de un plan integral para proteger la fauna y el bosque nativo de La Pampa, asegurando que quienes no respetan las leyes de conservación enfrenten consecuencias económicas y administrativas directas.
