El organismo de control provincial emitió una serie de sentencias severas contra responsables comunales por irregularidades administrativas. El caso más llamativo es el de Maisonnave, donde se exige la devolución de más de un millón de pesos por pagar alimento para ganado que debía costear un privado. Perú y Agustoni, también en la mira.
En una clara señal de endurecimiento en los controles sobre los fondos públicos de las pequeñas localidades, el Tribunal de Cuentas de La Pampa publicó esta semana una batería de fallos que golpean el bolsillo de varios funcionarios del interior. A través de múltiples sentencias oficializadas en el Boletín Oficial N° 3707, el organismo aplicó multas y formuló “cargos” (devolución de dinero) a las autoridades de las Comisiones de Fomento de Maisonnave, Perú y Agustoni, detectando desde pagos indebidos hasta la falta de presentación de rendiciones.
La polémica del “Nutripam” en Maisonnave
El caso que más ruido ha generado administrativamente involucra a la Comisión de Fomento de Maisonnave, encabezada por Rodecia Maribel Bernelli. El Tribunal detectó que la comuna pagó facturas millonarias a la firma Nutripam S.R.L. para la compra de concentrado bovino, un gasto que, según los contratos firmados, no le correspondía al Estado.
En la Sentencia N° 2900/2025, que revisa las cuentas de agosto de 2024, el Tribunal formuló un cargo por $1.380.966,77. La auditoría reveló que ese alimento fue destinado a animales en capitalización, pero el contrato con el ganadero privado establecía claramente que “El Ganadero se hace cargo de la atención y alimentación a corral de la hacienda”. Al no justificar por qué el pueblo pagó el alimento del privado, el Tribunal exige a la presidenta y a su tesorera, Jimena Rinaudo, que devuelvan ese dinero de su propio patrimonio.
Además, en otra sentencia (N° 2899/2025) correspondiente a julio, se les formuló otro cargo superior al $1.180.000 por motivos similares y diferencias en ingresos de guías, sumado a una multa de $354.397 a cada una.
Perú: Multas en serie y pagos con recargo
La situación en la Comisión de Fomento de Perú es igualmente compleja. Sus responsables, el presidente Roberto Kronemberger y la tesorera Luciana Evangelina Graff, recibieron múltiples sanciones en un mismo boletín.
El Tribunal les aplicó varias multas de $354.397 (equivalente al 30% del sueldo de un Categoría 1) por diversas irregularidades reiteradas:
- Falta de respuesta a los pedidos de informes del organismo.
- No justificar la modalidad de contratación para la compra de un camión Volkswagen.
- Falta de presentación de los libros de IVA.+1
Además, en la Sentencia N° 2856/2025, se les formuló un cargo de $81.390,47 que deberán pagar de su bolsillo. ¿El motivo? El pago de intereses por mora y multas en las facturas de servicios públicos (energía e internet), considerando el Tribunal que “los gastos extraordinarios que se generen por incumplimiento a su deber deben recaer por su cuenta”.+1
Agustoni: Sin rendiciones y “tirones de orejas”
Por su parte, las autoridades de Agustoni, Federico Bogarin (Presidente) y Alexis Priani (Tesorero), enfrentan una situación delicada por la falta de presentación de las cuentas públicas.
El Tribunal emitió las Sentencias N° 2896 y 2897/2025 dando por “no presentadas” las rendiciones de junio y julio de 2025, aplicando las multas automáticas de rigor. Pero lo más grave surge en el análisis de meses anteriores (septiembre 2024), donde se les formuló un cargo de $276.731,64 por diferencias no justificadas en pagos de mantenimiento de predios y, nuevamente, pago de intereses por facturas vencidas de la cooperativa eléctrica.+4
Incluso, el fallo menciona una audiencia presencial donde el organismo de control expresó su “preocupación por la ausencia de cumplimiento de las normas renditivas”, citando que las autoridades comunales ni siquiera leían los mensajes enviados por el sistema de auditoría.
Un mensaje claro
Estas resoluciones confirman un perfil de control estricto por parte del Tribunal de Cuentas, que no solo observa los números, sino que penaliza la desidia administrativa y busca recuperar los fondos gastados en intereses por mora o en compras que benefician a terceros privados sin justificación legal. Los funcionarios sancionados tienen ahora plazos perentorios para depositar el dinero o interponer recursos de revocatoria.
