El rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa, confirmó la decisión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) de iniciar acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo Nacional por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario. La medida, consensuada por todos los rectores del país, busca revertir un recorte presupuestario que Alpa calificó como “inédito en los 40 años de democracia”.
En pocas líneas
- El CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) iniciará acciones legales contra el Poder Ejecutivo por incumplimiento de la ley de financiamiento universitario, debido a recortes presupuestarios significativos.
- El Poder Ejecutivo suspendió la promulgación de la ley de financiamiento a pesar de la ratificación del Congreso, lo que el rector Alpa considera una violación del sistema republicano.
- La falta de fondos pone en riesgo el funcionamiento del sistema universitario, incluyendo la posibilidad de dictar carreras como medicina, según Alpa.
- Las acciones judiciales serán conjuntas e individuales, y se coordinan con federaciones docentes y no docentes, con presentación prevista entre este viernes y el próximo lunes.
En diálogo con INFOPICO RADIO 99.9, el rector explicó que la situación se ha vuelto insostenible. “El diálogo era ‘todo bien, pero no hay plata’. Y eso produjo, en estos 22 meses, que tanto para salarios docentes como para gastos de funcionamiento, el gobierno haya transferido la mitad de los fondos que venían transfiriéndose”, detalló Alpa.
El conflicto tiene su origen en la falta de una Ley de Presupuesto Nacional para el año en curso, lo que obligó a las universidades a funcionar con los valores de 2023, ya desactualizados por la inflación. Para solucionar esto, el Congreso Nacional elaboró y aprobó una ley específica de financiamiento.
“Fue trabajada con diputados, fue aprobada en diputados, fue aprobada en senadores. El Poder Ejecutivo, dentro de la Constitución, tiene la posibilidad de vetarla”, relató Alpa. Sin embargo, el Congreso ratificó la ley con una mayoría abrumadora: un 70% en Diputados y un 85% en Senadores, superando el veto presidencial.
“Va contra el sistema republicano”
A pesar de la ratificación legislativa, el Poder Ejecutivo decidió suspender la promulgación de la ley. “Una cosa que los juristas dicen que es increíble, porque esto va contra el sistema republicano”, sentenció el rector. “Acá hay una cuestión muy de fondo, donde en este momento el Poder Ejecutivo incumple las leyes. Todos los juristas y abogados están diciendo que nunca se ha visto esto”.
La decisión de judicializar el reclamo fue unánime entre los rectores y rectoras del CIN. Alpa subrayó que la ley había obtenido un respaldo político transversal en el Congreso, incluyendo a legisladores del PRO, el radicalismo y hasta exmiembros de La Libertad Avanza.
“El otro poder no puede decir ‘no me importa la Constitución, yo voy a hacer lo que quiero’. Si no tengo ganas de financiar la universidad y quiero hacer bicicleta financiera, la sigo haciendo”, criticó duramente.
El rector contrastó la falta de fondos para la educación superior con recientes decisiones económicas del gobierno. “Hace tres semanas hubo una decisión de juntar dólares y dejaron de recaudar 1.500 millones de dólares que fueron a sectores concentrados. Con eso podría haber estado financiado los próximos dos años de las universidades”, afirmó.
El impacto de esta crisis pone en jaque el funcionamiento de todo el sistema. “Acá está en juego que nadie va a poder empezar ni medicina en La Pampa, ni en la UBA, ni en Córdoba, porque no va a haber docentes. Es tremendo el tema”, advirtió Alpa.
Finalmente, informó que las acciones judiciales se presentarán de manera conjunta, aunque algunas universidades también podrían hacerlo individualmente. Además, se están coordinando acciones con las federaciones docentes y no docentes. La presentación formal se realizaría entre este viernes y el próximo lunes.
