El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales de La Pampa (SITRAJ) manifestó su enérgico repudio al proyecto que busca suprimir las ferias judiciales de enero y julio. A través de una nota dirigida al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Eduardo Fernández Mendía, el gremio calificó la propuesta como “regresiva, inconstitucional y violatoria de derechos adquiridos”.
El sindicato que nuclea a los empleados del Poder Judicial en la provincia formalizó su postura mediante un documento contundente, en el que se detallan los motivos de su oposición a una medida que afectaría directamente a todo el personal judicial, así como a los profesionales de la abogacía y otros auxiliares de la justicia.
En un comunicado que sintetiza los argumentos presentados, el SITRAJ expresó su “rechazo al proyecto que propone eliminar las ferias judiciales de enero y julio, por entender que vulnera un derecho adquirido esencial como lo es el de las vacaciones anuales, protegido por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales de derechos humanos”.
Desde el gremio consideran que la iniciativa es “regresiva e irrazonable”, ya que impacta de lleno en la vida personal y familiar no solo de los trabajadores y trabajadoras del sector, sino también de abogados que ejercen la profesión de manera independiente. Sostienen que una decisión de este tipo “quebranta el principio de progresividad y la prohibición de regresividad en materia de derechos laborales y sociales”.
Uno de los puntos clave que el SITRAJ se encargó de destacar es que la feria judicial no implica una parálisis total del servicio de justicia. “Se mantienen guardias para garantizar la atención de asuntos urgentes y asegurar el acceso a la justicia durante todo el año”, remarcaron.
Además, señalaron la importancia de que estos recesos coincidan con el calendario escolar, lo que “facilita la organización familiar” de quienes tienen hijos. Asimismo, subrayaron que las ferias cumplen una función fundamental en el “reordenamiento y mejoramiento interno del Poder Judicial”, permitiendo realizar tareas que con el ritmo diario de los tribunales serían imposibles de llevar a cabo.
Para el sindicato, la modernización y la agilización de la justicia no pasan por cercenar derechos históricos de sus trabajadores. En este sentido, afirmaron que “la verdadera innovación para garantizar un acceso a la justicia pleno y eficaz pasa por cubrir vacantes, reforzar el personal, dotar de recursos materiales e invertir en tecnología y mejores condiciones laborales, y no por eliminar un derecho histórico y fundamental de quienes trabajamos en el ámbito judicial”.
