El proyecto de ley de Juicio por Jurados, actualmente en estudio en la Cámara Legislativa de La Pampa, genera un intenso debate en la provincia. En este contexto, el Fiscal General Armando Agüero brindó su perspectiva en INFOPICO RADIO 99.9, destacando los aspectos conceptuales positivos de esta iniciativa, así como los importantes desafíos prácticos que implicaría su implementación en ciudades pequeñas como General Pico.
En pocas líneas
- El Fiscal General apoya el juicio por jurados en teoría por su legitimidad democrática, pero ve dificultades prácticas en la implementación.
- La implementación en ciudades pequeñas como General Pico se considera inviable por el sesgo potencial del conocimiento previo entre jurado y acusado.
- Altos costos de implementación, incluyendo alojamiento y alimentación del jurado, son un obstáculo significativo.
- La selección del jurado presenta riesgos de manipulación y posibles dificultades para garantizar la imparcialidad.
Agüero se mostró entusiasmado con la idea desde un punto de vista teórico. “Está buenísimo en lo conceptual, está fantástico“, afirmó, subrayando que el sistema de juicio por jurados transformaría completamente la dinámica de los procesos judiciales.
Un cambio de paradigma en la administración de justicia
El Fiscal General explicó que el juicio por jurados introduce un modelo donde la decisión recae en un grupo de ciudadanos comunes, no necesariamente letrados, lo que exige una estrategia y una dialéctica totalmente distintas por parte de los litigantes. “Ya no hay juez, el que resuelve es 10, 12, 15 personas que pueden haber ido a la primaria o no, pueden ser abogados o no, pueden ser médicos, contadores, albañil, carpintero, arrendero, lo que fuere”, detalló. Esta diversidad de perfiles obliga a los fiscales y abogados a explicar los hechos, las pruebas y las consecuencias de una manera mucho más accesible y persuasiva.
Para Agüero, la principal virtud de este sistema radica en su legitimidad: “El resultado que se logre de ese proceso es mucho más legítimo porque la decisión la toma, si se quiere en términos conceptuales, el pueblo, gente común totalmente“. A diferencia de un juez profesional, cuya interpretación puede ser constante, un jurado es distinto en cada proceso, lo que garantiza una resolución fresca y representativa de la comunidad.
Los desafíos de la implementación en comunidades pequeñas
A pesar de su entusiasmo conceptual, Agüero no dudó en señalar las dificultades prácticas que el juicio por jurados enfrentaría en La Pampa, especialmente en ciudades como General Pico. “En lo práctico, para un pueblo chico, imposible funcionalmente“, sentenció. La razón principal, según el Fiscal, radica en el conocimiento previo y los prejuicios inherentes a la vida en comunidades donde “todos están mirándole el ojo al otro”.
Si nosotros mañana, no sé, tenemos una causa acá en Pico del Padre Graci y lo sentamos en un juicio por jurado, olvidate que le van a pegar un martillazo en la cabeza, aunque sea por un cheque sin fondo, se entiende, porque hay un enorme prejuicio. Entonces, el juicio por jurado en ciudades chicas no funciona.
Esta familiaridad local, argumentó, podría sesgar las decisiones del jurado. “Cuando sentás a una persona y para que la juzguen los 12 o 15 que tenés sentado al frente, ya te tienen un concepto tuyo que no se lo voy a cambiar aunque sea inocente y te van a declarar culpable o no se lo voy a cambiar aunque seas culpable y te van a declarar inocente”, explicó. Para Agüero, el sistema solo es efectivo en ciudades grandes donde los jurados no conocen al acusado más allá de los hechos del caso.
Costos elevados y complejidades en la selección
Otro punto crítico señalado por el Fiscal General son los altos costos asociados al juicio por jurados. Además de la figura del juez (que seguiría existiendo como ordenador del proceso), sería necesario pagar a los 12 miembros del jurado y, en juicios extensos, mantenerlos aislados. “Si el juicio ese dura una semana, a esas 12 personas las vas a tener que tener aisladas, vamos a suponer en el Hotel Pedrito, pagándole la comida, el hotel, porque esos que inician como jueces de un juicio por jurado no pueden salir del ámbito de ese proceso porque si no se evita que se contamine en la calle”, detalló, aludiendo a los gastos que implicaría garantizar la imparcialidad.
Asimismo, Agüero advirtió sobre las complejidades en la selección de los jurados, que podría dar lugar a manipulaciones. Mencionó que tanto abogados como fiscales buscarían perfiles específicos (por ejemplo, “católicos o no católicos, de derecha o de izquierda”) para favorecer a sus clientes o asegurar una condena, lo que desvirtuaría la búsqueda de la justicia imparcial. También puso como ejemplo la posibilidad de que el imputado elija el juicio por jurados para “vender” una imagen positiva de sí mismo frente a la sociedad, como en el caso de un médico que se defiende de un robo.
Conclusión: un sistema deseable pero no apto para La Pampa hoy
En resumen, el Fiscal General Armando Agüero sintetizó su postura: “Es muy bonito para mí, es mucho más legítimo en lo conceptual, es mucho mejor, el resultado es mejor, pero exige ciudades grandes para mí, costos altos. Entonces, si vos me preguntás a mí si va a poder aplicar La Pampa hoy, no los veo como una ciudad o una provincia en condiciones para hacerlo por lo pequeño“.
A pesar de sus reservas, Agüero dejó en claro que, si el proyecto se convierte en ley, se adaptará. “Si mañana me dicen juicio por jurado, me pongo a laburar, es un problema”, afirmó, demostrando su compromiso con la función judicial. Destacó, además, que el sistema acusatorio actual en La Pampa “funciona mucho, mucho mejor de lo que venía funcionando los anteriores sistemas” y que, si bien siempre hay margen para mejoras, las condiciones actuales no parecen propicias para la implementación del juicio por jurados en la provincia.
