El partido político provincial Comunidad Organizada ha emitido un comunicado en el que expresa su profundo rechazo al reciente veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad, argumentando que la medida “agrava la discriminación” hacia este colectivo y sus familias.
Desde el espacio político remarcaron que la temática de la discapacidad ha sido siempre una prioridad en su agenda. En este sentido, destacaron la trayectoria de la diputada Sandra Fonseca, quien “ha formado parte de la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, siendo una de las principales representantes tanto a nivel institucional como social”. Se recordó su labor como docente especializada y su rol, junto a la profesora Adriana Nervi, como capacitadoras provinciales de la Ley Nacional 24.901, que establece el Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral.
Comunidad Organizada sostiene que la discriminación hacia las personas con discapacidad no es nueva y ha sido ejercida por distintos sectores políticos. Como ejemplo, citaron la exclusión de este grupo en el último censo nacional, realizado durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, calificándolo como un acto de “indiferencia por parte de aquellos que se decían progresistas, nacionales y populares”.
En contraposición, el partido evocó la gestión de Juan Carlos Tierno como Intendente de Santa Rosa, donde se impulsó “un relevamiento casa por casa” con el objetivo de crear un censo local de personas con discapacidad. La finalidad era conocer no solo la cantidad, sino fundamentalmente “las necesidades sentidas de cada tipo de discapacidad, su nivel educativo, los apoyos necesarios acorde a su edad y la inclusión laboral, para comenzar a trabajar desde el territorio y no detrás de un escritorio”.
Críticas a la legislación provincial y al gobierno nacional
El comunicado también apunta a falencias en el ámbito provincial. Se señaló que la inclusión laboral en el sector público “es vulnerada por la propia ley provincial 2226”. Según planteó insistentemente la diputada Fonseca en la Legislatura, la normativa exige la incorporación de un porcentaje sobre el total de ingresantes al Estado, y no un cupo fijo de seis personas, como se estaría aplicando.
Respecto a la decisión del presidente Milei, el partido manifestó que si la intención era combatir la corrupción, el camino no era el veto generalizado. “Si Milei realmente quería terminar con la corrupción en este tema, tendría que haber determinado una auditoría integral sobre cada uno de los prestadores, como también las pensiones utilizadas políticamente en forma corrupta, y no perjudicar a todas las personas con discapacidad y sus familias en forma arbitraria”, afirmaron.
Para Comunidad Organizada, esta acción del gobierno nacional, “pese a su discurso, lo asimila a los que históricamente ejercieron discriminación a este sector en Argentina”.
Finalmente, el partido concluyó reafirmando su postura: “La corrupción política o la casta, o como se denomine, sigue discriminando a las personas con discapacidad y a sus familias”.
