A horas de la conferencia de prensa que encendió las alarmas, la preocupación en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) no cede. Por el contrario, la incertidumbre crece entre sus trabajadores. En diálogo exclusivo con INFOPICO RADIO 99.9, Roberto Maldonado, secretario general de APINTA La Pampa, gremio que nuclea a los empleados del organismo, calificó el decreto presidencial que modifica la estructura del INTA como un “desguace” y advirtió que pone en jaque el modelo federal y participativo que caracterizó al instituto durante sus 69 años de historia.
“Es complejo, complicado, porque la verdad que este decreto significa la destrucción del INTA. No se trata de modernización, que es lo que viene diciendo el gobierno nacional, sino que se trata de un desguace de nuestro instituto”, sentenció Maldonado al inicio de la conversación.
Según el dirigente gremial, la nueva normativa elimina el control social que convirtió al INTA en una organización modelo a nivel nacional e internacional. El corazón del conflicto radica en la modificación de la gobernanza del organismo. “Antes, el INTA estaba conformado por un consejo directivo de 10 integrantes”, explicó Maldonado, detallando que incluía a representantes del gobierno, pero también de entidades como CREA, CRA, CONINAGRO, Federación Agraria, Sociedad Rural y las facultades de Agronomía y Veterinaria. “Todos esos integrantes tenían voz y voto. Hoy quien decide es el presidente. El gobierno de turno va a decidir hacia dónde va el INTA”, alertó.
El impacto en La Pampa: 44 puestos de trabajo en la cuerda floja
La amenaza se traduce en cifras concretas para la provincia. De los 120 agentes que trabajan para el INTA en La Pampa, 44 podrían ver sus puestos de trabajo en riesgo. “El ajuste puede venir de cualquier forma”, señaló Maldonado, enumerando las posibles consecuencias: “Puede ser el cierre de agencias. A nivel provincial tenemos 7 agencias: en Santa Rosa, Anguil, General Pico, Victorica, Guatraché, General Acha y 25 de Mayo”.
El cierre de estas agencias afectaría directamente a 44 empleados y sus familias, distribuidos en todo el territorio pampeano. Sin embargo, el riesgo no se detiene ahí. “Pueden vender, cerrarla, poner a la venta la Experimental Anguil”, advirtió. De las 3.700 hectáreas que posee la estación experimental, clave para la investigación agropecuaria en la región, el plan podría implicar la venta de 3.400, dejando una superficie mínima que haría inviable el trabajo científico que se realiza actualmente.
“Si mañana vienen y cierran la Experimental Anguil, de los 84 que somos acá, te pueden poner a disponibilidad a 50. Hoy el presidente del INTA tiene la potestad de hacer lo que quiera”, lamentó Maldonado. A la fecha, ningún empleado ha sido notificado formalmente, pero la intranquilidad es total, ya que todas estas posibilidades están contempladas en el decreto.
La defensa del rol del INTA y sus trabajadores
Maldonado también se refirió a las narrativas del gobierno nacional para justificar el ajuste. “Todo lo que dicen es mentira, o te distorsionan la información. La finalidad de este gobierno es demostrar que el empleado público está de más, que lo público no nos sirve”, afirmó.
Desmintió que haya habido un crecimiento desmedido de personal, explicando que el aumento de agentes en las últimas décadas se debió a la regularización de contratos precarizados y no a ingresos indiscriminados. “Nosotros tenemos un sistema para entrar al INTA, que es por concurso. No entra cualquiera por la ventana”, subrayó, destacando que es un proceso abierto y transparente.
Asimismo, el secretario general de APINTA defendió el valor estratégico del instituto para el sector productivo. “Un trabajador que estuvo formado durante muchísimos años, en el que la Argentina invirtió mucho dinero, para que un gobierno con un pensamiento distinto lo despida, y ese compañero empieza a trabajar en la privada… la verdad que es complejo”, reflexionó. Puso como ejemplo los ensayos a largo plazo que realiza el INTA, como el desarrollo de sistemas de feedlot o la prueba de nuevas semillas y agroquímicos, investigaciones que un productor individual no podría costear. “Eso es lo que hace el Estado. Para eso está el INTA”, remarcó.
El llamado a la clase política
Ante este panorama, el gremio se encuentra en estado de “alerta y movilización”, manteniendo reuniones con legisladores provinciales y nacionales. Maldonado destacó el apoyo explícito del gobierno de La Pampa y extendió un llamado a toda la representación política pampeana en el Congreso Nacional.
“Esperamos que los diputados nacionales y senadores que tenemos en La Pampa, sean de un partido o del otro, rechacen este DNU”, manifestó, mencionando directamente a legisladores del PRO y la UCR. “Esperemos que cuando haya que votar, lo puedan dar de baja, porque vienen, nos dicen una cosa y por ahí se ve que hay presiones y votan otra cosa”.
Para finalizar, Maldonado reivindicó la dedicación de los trabajadores del organismo: “Agradecerte por visibilizar la situación. Que la sociedad sepa que no somos ningunos vagos; al contrario, muchísimos de los que estamos acá es por vocación, porque con el maltrato que recibimos y los salarios que tenemos, ya nos hubiésemos ido la mayoría”.
