La información técnica y estratégica que se maneja en un Data Room -como estudios geológicos, perfiles de pozo, sísmica, historiales de producción- tiene un alto valor económico y competitivo. El data room no es público por definición; su uso se basa en la confianza controlada.
El valor comercial de estos datos permite estimar volúmenes de reservas, planes de inversión, costos operativos y potencial de rentabilidad. Una empresa que acceda sin control con un tiempo mayor al fijado por la licitación podría usar esa ventaja para ganar o negociar condiciones más favorables, perjudicando al Estado.
Conocer anticipadamente la calidad de los reservorios o el potencial productivo permite preparar estrategias comerciales, financieras y tecnológicas específicas. En Argentina, la Constitución Nacional (art. 124) reconoce que las provincias son propietarias de los recursos naturales, y tienen la facultad de administrarlos con cuidado y autonomía.
El Código Penal (arts. 156 y 157) sanciona la revelación de secretos que una persona conozca por razón de su empleo o función, cuando su divulgación cause perjuicio. Además, la Ley Nacional N° 22.802 y 24.766 y sus modificaciones sobre el uso indebido de información reservada y la competencia desleal, así como la Ley de Acceso a la Información Pública (27.275), excluyen expresamente de divulgación los secretos industriales, comerciales y estratégicos cuya difusión pueda afectar el interés público.
La confidencialidad no es para “ocultar” información a la ciudadanía: es para proteger el interés público. Si se liberara esta información antes de tiempo, se debilitaría la posición negociadora del Estado provincial, se podría desvalorizar el activo público y se pondría en riesgo la competitividad y la transparencia de futuras licitaciones.
La confidencialidad en los Data Room es una práctica global, ampliamente reconocida en la industria energética y minera, y un estándar de cumplimiento en gobiernos responsables. Su fundamento se basa en proteger los recursos públicos, asegurar la soberanía y garantizar procesos competitivos y transparentes, siempre priorizando el interés provincial y nacional.
