En una conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad y otros dos organismos. Las funciones serán reasignadas y se abrirá la licitación de más de 9.000 kilómetros de rutas, apuntando a un modelo de gestión privada.
El Gobierno Nacional, a través de una conferencia encabezada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este lunes una drástica reestructuración del sistema vial argentino. Mediante un decreto, se ordenó el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
“El presidente Javier Milei, a través de un decreto que se va a publicar mañana, ordenó el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, y dos organismos más”, confirmó Adorni. Esta medida se enmarca en un contexto de miles de kilómetros de rutas nacionales que, según se ha denunciado, se encuentran en estado de abandono por la actual gestión.
Las funciones que hasta ahora desempeñaba Vialidad Nacional, como el estudio, construcción, conservación y mejoramiento de la red troncal de caminos, pasarán a la órbita del Ministerio de Economía, que podrá delegarlas a la jurisdicción que considere pertinente.
En sus fundamentos, el decreto argumenta que la DNV poseía una “estructura compleja” con actividades que “no se ajustan a las necesidades actuales de gestión, lo que se refleja en la falta de agilidad en la ejecución de proyectos y altos costos operativos para el Estado Nacional”. Adorni, por su parte, afirmó que con esta medida se termina con “un ícono de la corrupción”.
El texto oficial también señala una desproporción entre recursos, personal administrativo y agentes operativos, y deja clara la intención del Gobierno de transferir la gestión al sector privado. “Se observa una diferencia de eficiencia entre la gestión estatal directa y la concesionada en el mantenimiento vial, sugiriendo que la transferencia de funciones al sector privado podría generar ahorros significativos”, indica un párrafo del decreto. En este sentido, Adorni completó: “El Gobierno dará apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de rutas que tras décadas de despilfarro y corrupción se vieron degradadas”.
Nuevos organismos y roles
La fiscalización y el control de las concesiones viales, tanto vigentes como futuras, serán asignadas a una nueva entidad denominada Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. Este organismo surgirá de la reorganización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que también desaparece. El objetivo, según el Gobierno, es “reforzar los mecanismos de control y garantizar una administración más eficaz y transparente de los recursos públicos”.
Por otro lado, con la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la mayoría de sus competencias serán transferidas a la Secretaría de Transporte. Sin embargo, un cambio fundamental es que la prevención y el control del tránsito en rutas nacionales quedarán exclusivamente a cargo de la Gendarmería Nacional Argentina.
“La Gendarmería Nacional Argentina tendrá a su cargo la constatación de infracciones de tránsito en rutas, autopistas, semiautopistas nacionales y otros espacios del dominio público nacional”, establece la nueva normativa, que además faculta a la fuerza a suscribir convenios con provincias y municipios para complementar tareas de prevención y control.
