La Subsecretaría de Derechos Humanos de La Pampa repudió la decisión del Gobierno nacional de trasladar al represor Alfredo Astiz y a otros doce condenados por delitos de lesa humanidad que estaban presos en Ezeiza a la Unidad 34 de Campo de Mayo.
La medida es una maniobra para garantizarles condiciones de detención de privilegio a exmilitares condenados por secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones de detenidos ilegalmente durante la dictadura cívico militar. La decisión impulsada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich es un hecho más en la política de impunidad y olvido con lo sucedido durante el Terrorismo de Estado. Cabe recordar que el año pasado los mismos represores detenidos recibieron la visita de diputados de La Libertad Avanza que buscaban su liberación. "Consideramos que las sentencias condenatorias a penas privativas de libertad por delitos de lesa humanidad deben ser cumplidas en los establecimientos que la ley y la administración estatal disponen, sin privilegios indebidos. Estas maniobras orquestadas desde el mismo Poder Ejecutivo Nacional en el marco de una política negacionista no deben ser permitidas, como ocurrió en este caso, por los jueces que favorecieron las condiciones de detención", señalaron desde la Subsecretaría de DDHH pampeana.
