Luego de un conflicto gremial que incluyó protestas frente a la sede local de FerroExpreso Pampeano, los siete trabajadores de seguridad que habían sido desvinculados por el cambio de empresa prestadora volverán a ser reincorporados. Así lo confirmó el secretario general de la Unión del Personal de Seguridad Privada y Afines de la Patagonia Central (UPSAP), Sebastián Saavedra.
La situación se desató el pasado 8 de abril, cuando la firma ferroviaria reemplazó a la empresa de seguridad Securión por G4S, una multinacional del rubro. Sin embargo, la nueva prestadora no había absorbido a los empleados que prestaban servicios bajo el contrato anterior, lo que provocó una medida de fuerza encabezada por el gremio: durante toda la jornada se manifestaron frente a las oficinas de la empresa en la calle 10, con quema de neumáticos incluida.
Tras intensas negociaciones, UPSAP logró un acuerdo. “Se pudo resolver, llegamos a un entendimiento para que G4S tome nuevamente a los vigiladores que quieran ingresar”, indicó Saavedra. No obstante, explicó que algunos trabajadores optarán por no incorporarse a la nueva firma para no perder su antigüedad laboral. En esos casos, serán reubicados dentro de Securión, la empresa que los empleaba hasta el cambio de contratista.
Securión, además de haber prestado servicios a FerroExpreso Pampeano, tiene contratos vigentes con una importante cadena nacional de supermercados, lo que facilitaría la reubicación del personal.
Una problemática estructural
Desde UPSAP destacaron que este tipo de situaciones se repiten con frecuencia en el sector. “En seguridad privada, los acuerdos se hacen con la empresa contratante, pero no se garantiza la continuidad de los trabajadores cuando cambia el prestador”, explicó Saavedra. “Es una pelea que damos seguido, no solo en La Pampa. En toda la Patagonia pasa mucho. Siempre estamos en conflicto con las nuevas prestatarias para que respeten los puestos de trabajo”.
El dirigente subrayó el compromiso del gremio con los trabajadores del sector. “No vamos a permitir que dejen a nadie afuera, menos en el contexto económico que estamos viviendo. Estamos donde haya un conflicto para evitar despidos”, sostuvo.
Actualmente, UPSAP representa a unos 200 trabajadores en la provincia, dentro de un universo estimado de 2.000 vigiladores distribuidos en unas veinte empresas. Las firmas involucradas en este conflicto —de capitales colombianos y suizos, respectivamente— forman parte del grupo de multinacionales que operan en el país brindando servicios a grandes compañías.
