En un fallo que generó amplio debate en la comunidad educativa, el juez contravencional Maximiliano Boga Doyhenard condenó este miércoles a una docente de nivel secundario tras considerar probadas expresiones que afectaron directamente a una alumna. El fiscal adjunto Sebastián Rawson Paz, quien llevó adelante la investigación, dialogó en exclusiva con Infopico Radio y brindó detalles del proceso judicial que culminó en la sentencia.
El caso se inició en octubre de 2023, a partir de una denuncia radicada en comisaría por el padre de la menor involucrada. En ese momento, la causa estaba a cargo del fiscal Cuenca, pero fue Rawson Paz quien finalizó la investigación y elevó el caso a juicio oral y público. “Cuando yo asumí la fiscalía, se dispusieron nuevas medidas, y una vez evaluadas todas las pruebas, entendí que había mérito suficiente para formular la acusación”, explicó el fiscal.
Entre las pruebas fundamentales se encuentran testimonios en Cámara Gesell de compañeras de la adolescente, relatorías elaboradas en el marco del protocolo de actuación del Ministerio de Educación y documentación institucional que incluía incluso descargos por parte de la docente. “Los dichos de la docente están entrecomillados en los informes oficiales, y fueron ratificados por las alumnas en el debate oral”, detalló.
Sobre el alcance de la condena y el contenido de las expresiones que motivaron la denuncia, Rawson Paz fue enfático: “No está en discusión la libertad de expresión ni la enseñanza de contenidos curriculares. El fallo no sanciona la enseñanza ni la opinión, sino el uso de una posición de poder para emitir afirmaciones personales que afectaron directamente a una alumna en el aula”.
Durante la entrevista, el fiscal aclaró que, según la fiscalía y el fallo del juez, las expresiones de la docente no fueron meramente desafortunadas o impropias, sino que hubo una intencionalidad directa. “La fiscalía entendió que hubo dolo, es decir, que la docente actuó con la intención de causar daño, y eso mismo fue valorado por el juez”, señaló.
La causa se desarrolló bajo el protocolo de actuación institucional, que incluye instancias como la elaboración de actas por parte del equipo directivo, intervención de la coordinación institucional y elevación a la Dirección de Educación Secundaria. “Todas estas instancias actuaron según lo estipulado, y fueron parte del cuerpo de prueba”, agregó.
Consultado sobre el impacto del fallo en la comunidad educativa y la preocupación de algunos docentes respecto de los límites dentro del aula, Rawson Paz fue claro: “No se está poniendo en duda el rol pedagógico, sino el modo en que se utiliza el espacio del aula. La escuela es un lugar de debate, pero no de imposición ideológica ni de violencia simbólica”.
Los abogados defensores de la docente ya anunciaron que apelarán la condena, lo que abre una nueva etapa en esta causa que, más allá de lo jurídico, ha encendido una discusión en toda la sociedad: ¿Cuáles son los límites del discurso docente en el aula cuando este afecta directamente a un estudiante?
