En el marco de un creciente interés a nivel nacional por regular la participación de personas condenadas en cargos públicos, el diputado de la provincia de La Pampa, Daniel Lovera, difundió un comunicado en el que sostiene la necesidad de “construir garantías para un ejercicio político responsable” y destaca la relevancia de la llamada “Ficha Limpia”. El legislador subraya la urgencia de impedir la postulación de candidatos que cuenten con antecedentes penales, iniciativa que ha tenido eco en varias provincias argentinas y en diferentes países de la región.
La experiencia en otras provincias y países
Según explica el diputado Lovera, iniciativas bajo el rótulo “Ficha Limpia” ya fueron incorporadas en las normativas electorales de Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan, Tucumán y Santa Fe. Asimismo, decenas de municipios de importancia, como Bahía Blanca, Mar del Plata, San Isidro, Cañuelas, Pergamino y Olavarría, han sumado reformas similares en sus cartas orgánicas o reglamentos electorales.
A nivel internacional, Lovera menciona que países como Brasil, Chile, Uruguay, México, Perú, Honduras y España cuentan con mecanismos para restringir el acceso a cargos públicos de quienes tengan antecedentes penales. Este conjunto de normas, destaca el legislador, busca “reforzar la ética pública y la confianza de los ciudadanos en las instituciones”.
Los proyectos a nivel nacional
La discusión sobre la “Ficha Limpia” no es nueva en el Congreso de la Nación. En el comunicado, Daniel Lovera recuerda que “existen proyectos, incluso con dictámenes no aprobados, que prevén modificar la Ley Orgánica de los Partidos Políticos con el propósito de regular inhabilidades para ser precandidatos en elecciones primarias y generales”. Desde sectores como La Libertad Avanza, la propuesta apuntaría a impedir candidaturas ante condenas en primera instancia, mientras que otros bloques, como el PRO, exigen que exista una confirmación en segunda instancia.
El constitucionalista Daniel Sabsay, citado en el escrito, resaltó la relevancia de contar con funcionarios “decentes”, y consideró “lamentable” que personas condenadas puedan ejercer cargos. En esa línea, el abogado Daniel Pérez Corti aseguró que la Constitución prevé ciertos requisitos de idoneidad para los candidatos y apuntó que “no se trata de aplicar una sanción penal, sino de exigir un mínimo requisito para acceder al cargo”, abriendo así el debate sobre si la presunción de inocencia es o no el eje principal en esta discusión.
El llamado a un debate más profundo
Para Lovera, el tema trasciende el mero texto legislativo: “Nos tendríamos que preguntar si estamos dando en la tecla: ¿quiénes de nosotros no estamos de acuerdo en que los administradores de la cosa pública sean personas decentes?”, cuestiona. Sin embargo, advierte que si la iniciativa se reduce a una puja entre “buenos y malos” según banderas partidarias, será muy difícil alcanzar consensos. Por el contrario, sostiene la importancia de “un debate más profundo”, que involucre no sólo a los legisladores, sino también a los partidos políticos y a la sociedad en su conjunto.
El diputado pampeano pone el foco en el fortalecimiento de las estructuras partidarias como un paso ineludible para “democratizar” la política y asegurar que lleguen a la contienda electoral los mejores hombres y mujeres: “Debemos ser conscientes de que la llegada de personas no decentes está fuertemente vinculada a la debilidad institucional de nuestros partidos políticos y a la falta de formación permanente dentro de sus estructuras”.
La situación en La Pampa
En la provincia de La Pampa ya se presentaron proyectos de ley para incorporar a la Ley Electoral (Nº 1593) un artículo que impida el acceso a cargos públicos representativos a personas condenadas. Lovera considera que la sanción de una herramienta legislativa que garantice la “idoneidad ética” de los candidatos sería una demostración de “inmensa responsabilidad política” y un avance fundamental para restaurar la confianza ciudadana en la democracia.
El desafío: restaurar la confianza en la política
El comunicado cierra con un llamado a la acción y a la reflexión: “Hemos llegado al límite. Necesitamos garantizar el acceso de personas decentes a la acción pública y volcar nuestras energías en crear las herramientas para que nuestra gente alcance una buena vida”. Según el legislador, restablecer los vínculos con la ciudadanía es clave para asegurar la legitimidad de las instituciones y, sobre todo, la calidad de la representación política.
La discusión sobre la “Ficha Limpia” promete continuar en los próximos meses, atravesada por la tensión entre garantizar la presunción de inocencia y exigir la máxima transparencia ética de quienes aspiran a conducir los destinos de la sociedad. Mientras tanto, en La Pampa y en el resto del país, el debate público se concentra en cómo compatibilizar estas necesidades con la dinámica electoral y los principios constitucionales.