La Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de General Pico atraviesa por una situación de alta demanda en su Sistema de Protección Integral de Derechos de niños, niñas y adolescentes. Según datos aportados por la titular del área, Gabriela Echegaray, se registran actualmente unas 415 causas activas relacionadas con diversas vulneraciones de derechos, una cifra que, a su juicio, refleja el impacto directo de las crisis económica, social y familiar sobre los menores. A esto se suma la alarmante frecuencia de notificaciones que ingresan a la Unidad Local de Protección, con un promedio de 10 nuevas situaciones detectadas por día.
“Estamos teniendo 10 situaciones que ingresan casi diariamente. Es mucho. Y hoy tenemos 415 situaciones activas trabajándose en la Unidad Local”, destacó la funcionaria en diálogo con InfoPico Radio 99.9. Estas cifras no solo involucran casos de ausentismo escolar —uno de los indicadores tempranos de alerta—, sino también situaciones de violencia, maltrato, desprotección y otros entornos que atentan contra el pleno desarrollo de la infancia.
Echegaray subrayó que el Estado local se encuentra atento a estas demandas, en constante articulación con el sistema judicial, los centros educativos y los efectores de salud. “Hay una red de trabajo que se vincula con la justicia, con el sistema educativo, con el sistema de salud. Pero no deja de ser un número preocupante”, expresó la secretaria, quien consideró que el escenario plantea la necesidad de revisar los lazos familiares, la contención social y los valores que cimientan la crianza de las infancias.
Uno de los factores que inciden en el aumento de casos, según la perspectiva oficial, es el deterioro del tejido socioeconómico. La pérdida de empleo, la precariedad laboral y el encarecimiento del costo de vida provocan tensiones al interior de las familias, que muchas veces desembocan en situaciones de vulneración de derechos. “Cuando la crisis económica o la crisis social, o la crisis de valores, llega a una familia, los niños lamentablemente pueden ser los más desprotegidos”, advirtió Echegaray.
Al mismo tiempo, existe un aspecto positivo: la comunidad y las instituciones han fortalecido su capacidad de detección temprana. Las escuelas, la salud pública y los organismos de protección se encuentran en alerta constante. Además, los niños hoy tienen mayor voz y se alienta a que expresen sus vivencias, algo que hace algunos años no ocurría con la misma apertura. “A los niños hay que darles voz y escuchar sus expresiones. Hoy es muy diferente a lo que era antes”, resaltó la secretaria.
El incremento en las denuncias y presentaciones diarias no solo es un indicador del agravamiento de las realidades familiares, sino también, paradójicamente, del funcionamiento de los canales de atención y la visibilización de problemáticas que antes podían pasar desapercibidas. El sistema local, de la mano de organismos provinciales y nacionales, busca ofrecer respuestas integrales que van desde el acompañamiento psicológico hasta el aporte material, siempre con la meta de restituir derechos vulnerados.
Echegaray enfatizó que, si bien existe una respuesta coordinada entre diversas instituciones, la complejidad de cada caso exige tratamientos individuales, análisis integrales y un esfuerzo extra para comprender la génesis de los problemas. “No es únicamente invertir más: también debemos reflexionar como sociedad en cómo fortalecer los vínculos y crear entornos más sanos para la niñez”, insistió.
El desafío, entonces, pasa por equilibrar el trabajo cotidiano —el abordaje de cada causa— con la planificación de políticas a mediano y largo plazo que prevengan nuevos casos. El objetivo es construir una red de contención social más sólida, donde las familias cuenten con el respaldo del Estado, la comunidad y los propios niños sean reconocidos como sujetos de derecho.
La situación actual, con 415 casos activos y un ingreso promedio de 10 nuevas situaciones por día, pone sobre la mesa la urgencia de continuar afianzando redes y recursos. Las cifras dejan en claro que la niñez, como sector más vulnerable, demanda una mirada prioritaria. El camino, según la funcionaria, es no solo reforzar las respuestas institucionales, sino también abrir el debate sobre el rol de las familias, la educación emocional y la construcción de una sociedad que proteja, acompañe y brinde oportunidades a todos los niños y niñas de General Pico.
