La ministra de Producción de la Provincia, Fernanda González, ha manifestado la disposición del Gobierno a modificar el borrador de la Ley de Plaguicidas y a continuar el diálogo con las entidades rurales para mejorar la normativa. “Seguimos abiertos a ver qué podemos incorporar”, afirmó la funcionaria, dejando en claro la intención de seguir construyendo sobre las críticas y aportes de los actores del sector.
Sin embargo, la relación entre las entidades rurales y el gobierno provincial se ha tensado tras la última reunión del Consejo Consultivo. El pasado martes, representantes del sector rural exigieron la derogación de la normativa y abandonaron la reunión en señal de protesta. La ministra González sostuvo que “nosotros queremos seguir sosteniendo el diálogo. Nos parece muy importante que nos lleguen esos aportes que nos pueden brindar”.
El debate en el Consejo Consultivo
La ministra explicó que el encuentro del Consejo Consultivo ya estaba planificado para tratar el decreto reglamentario, pero las tensiones hicieron que la sesión no se desarrollara como se esperaba. “Yo creo que para poder sacar un decreto reglamentario que nos sirva a todos tiene que ser participativo”, subrayó González. La funcionaria adelantó que, tras recibir los aportes del INTA, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, diputados, la Facultad de Agronomía y el SENASA, se procederá a readecuar la redacción del borrador y volver a socializarlo con las partes involucradas, incluyendo a las gremiales del campo.
La postura de los productores rurales
Por su parte, Andrés González, productor rural, compartió una visión crítica sobre la regulación actual de los plaguicidas y su impacto en la producción. “Es una sumatoria de burocracia”, expresó, detallando que las propuestas de 2020 que planteaban medidas más razonables y ajustadas no fueron tenidas en cuenta. “Proponíamos 100 metros de distancia con barreras físicas como forestación, en lugar de prohibiciones extensas de 500 y 3.000 metros que complican la producción”, añadió.
Andrés González señaló que las regulaciones actuales imponen registros y procesos burocráticos que no tienen justificación científica y dificultan los tiempos de aplicación. “No solo que si no se hace rápido afecta la producción, sino que también se puede dañar el ambiente. La maleza en estos cinco días, si yo la controlaba con una dosis X, va a ser X más un porcentaje para dentro de diez días”, enfatizó.
Buenas prácticas y tecnología
El productor también explicó las medidas de seguridad y buenas prácticas que adoptan para proteger tanto el medio ambiente como a los trabajadores agrícolas. “Hoy se hace un gran esfuerzo en técnicas de manejo como la rotación de cultivos y cultivos de cobertura, que mejoran la infiltración del agua y suprimen malezas, beneficiando la biodiversidad y la vida del suelo”, comentó. Subrayó que desde el Estado deberían promover la capacitación en estas prácticas y buscar instrumentos para fomentar su aplicación, en lugar de imponer restricciones que excluyen a los productores.
Un llamado a un verdadero diálogo
Andrés González resaltó la necesidad de un diálogo real entre el gobierno y los productores. “Cuando el gobierno provincial nos habla de diálogo, nosotros no entendemos que lo que ha hecho son imponer, es una imposición, no es un diálogo”, afirmó, destacando que sus aportes no han sido escuchados desde 2008 en múltiples áreas, incluyendo la implementación de guías y el sistema de registros. “No nos dejaron alternativa después de intentar colaborar durante ocho años”, concluyó, explicando la decisión de levantarse de la reunión del Consejo Consultivo.
