“Alguien que mata debería estar toda la vida en prisión, no importa la edad”; “¿si aceptaría que si me roban la bicicleta, reparen el daño, devolviéndomela? no sé, puede ser…”; “si robó y solo tiene que cumplir durante un año con ciertas reglas, parece poco”.
Las preguntas, los planteos, las reflexiones y las respuestas de 18 estudiantes de sexto año con orientación en Ciencias Sociales y Humanidades, turno mañana, del colegio santarroseño Tomás Mason, fueron permanentes durante los 75 minutos que duró la charla que dieron la defensora oficial María Antonella Marchisio y el fiscal Facundo Bon Dergham.
El tema central apuntó a profundizar acerca de los alcances del nuevo Procedimiento Penal para Adolescentes que comenzó a regir el año pasado en La Pampa. A partir de ciertos disparadores (edad de imputabilidad, salidas alternativas, responsabilidades como adolescentes, etc.), la interacción del grupo fue inmediata.
Así, Marchisio y Bon Dergham explicaron que en la Argentina los menores de 16 años no pueden ser condenados por ningún delito porque no tienen responsabilidad penal y que esa obligación aparece a partir de los 16. “Este régimen se aplica para adolescentes de 16 y 17 años porque, desde los 18, ya son mayores. No obstante, hay diferencias con el régimen penal de los adultos”, indicaron. Ahí se produjo el primer debate: si los/as alumnas estaban de acuerdo con esos criterios.
Después el fiscal preguntó sobre si creían que la participación de adolescentes en el cometimiento de delitos era alta y la respuesta casi unánime fue sí. Incluso varios dijeron conocer pares de edad involucrados en causas judiciales. Sin embargo, Bon Dergham les desmintió esa creencia con cifras: “Yo recibo de la policía todas las denuncias y, les puedo asegurar, que la participación de adolescentes (en delitos) no supera el dos, tres o cinco por ciento como máximo”.
Responsabilidad.
Por su parte, la defensora buscó dejarles muy en claro que, más allá de las diferencias con el procedimiento para adultos y de las variadas posibilidades que tiene un adolescente antes de ir a prisión (es la última alternativa y una medida excepcional), “no es que no pasa nada”.
“El adolescente también tiene responsabilidades a esas edades –remarcó Marchisio–. No las mismas que los mayores, pero responsabilidades al fin. Si comete un delito tiene que resarcir el daño de alguna manera. Por eso es probable que durante un determinado tiempo, que puede ser un año, se le fijen determinadas obligaciones: terminar la escuela, realizar trabajos comunitarios, cursar talleres para adquirir un oficio, someterse a un tratamiento psicológico… Y, eventualmente, si cumple con esas reglas, y no comete nuevos delitos, puede ser que no reciba una pena cuando cumpla los 18 años”.
Ambos funcionarios también recalcaron que la ley promueve la conciliación entre victimario y víctima para la reparación del daño, y que una salida alternativa al juicio –excepto que se trate de causas de violencia familiar o de género o de delitos sexuales– tiene que contar con el consentimiento de esta última.
La charla se encuadró en el programa “Educación + Justicia”, por el cual el Superior Tribunal de Justicia promueve un acercamiento real de la comunidad pampeana al Poder Judicial, y especialmente de los/as estudiantes secundarios que están próximos a cumplir la mayoría de edad.
