La sentencia del jueves pasado en los tribunales de General Pico en el marco del Legajo Nº 85217, que tiene como protagonistas al Ministerio Público Fiscal y a Darío Javier Corral, este último acusado de atentado contra la autoridad y robo agravado. El fiscal Juan Cupayolo, representante de la Fiscalía temática Delitos contra la Propiedad y Juicios Directos, presentó ante el Juez de Control, Heber Pregno, un acuerdo de juicio abreviado, resultado de negociaciones con el imputado y su defensor, el Dr. Pedro Febre.
El acuerdo se fundamenta en los hechos ocurridos el 25 de diciembre de 2023, en el contexto de una pelea callejera en General Pico, donde Corral, en un acto de violencia, despojó al Sargento Primero Emmanuel Dupuy de su arma reglamentaria, aunque no logró utilizarla debido a un mecanismo de seguridad. A pesar de su breve posesión del arma, el acusado fue rápidamente detenido por las fuerzas de seguridad presentes. Este suceso no solo implicó un ataque directo a un miembro de la autoridad sino que también expuso a los ciudadanos a un riesgo significativo.
Las pruebas presentadas por la fiscalía incluyen testimonios, informes policiales, secuestro de la pistolera dañada, y el reconocimiento por parte del imputado de sus acciones, quien expresó arrepentimiento y alegó actuar en un contexto de confusión y defensa de un familiar. El acuerdo de juicio abreviado establece una condena de tres años de prisión de ejecución condicional para Corral, bajo ciertas condiciones de conducta, tomando en cuenta la ausencia de antecedentes penales.
Finalmente, el Juez Heber Pregno, convalidó el acuerdo y emitió la sentencia Nº 1164 el pasado jueves 4 de abril donde condenó a Corral, de 39 años, “como autor material y penalmente responsable de los delitos de Atentado a la Autoridad Agravado por poner manos en la autoridad y Robo Agravado por el aprovechamiento de las facilidades provenientes de una situación de conmoción pública, en concurso real , a la pena de 3 años de prisión de Ejecución Condicional, con COSTAS”.
Además, le impuso reglas de conducta por el plazo de dos años “fijar residencia y someterse al cuidado del patronato; y abstenerse de usar estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas”.
