Sobre los allanamientos por las picadas que se realizaron el jueves y que informó Infopico.com, el fiscal Armando Agüero reveló que hace tiempo vienen manteniendo reuniones con el área de Tránsito y con la secretaría de Gobierno municipal con el fin de coordinar tareas de prevención.
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En diálogo con InfoPico Radio 99.9, el Fiscal General manifestó, con respecto a las picadas, “todos los años más o menos para esta fecha empieza a pasar lo mismo, parece que la primavera y la necesidad de salir a andar en moto, hace que se empiecen a hacer esas prácticas que normalmente se concentran en la Avenida Brunengo y en la Circunvalación. Son prácticas que ponen en peligro el tránsito, a las personas que las realizan y a los vecinos que se empiezan a alarmar y llaman a la policía”.
Desde la justicia, “hay otras prácticas que no son de nuestra incumbencia, como por ejemplo los excesos de ruido por las motos que circulan con tapas libres, sin luces, sin seguro, sin carnet, sin cascos, excesos de velocidad, aglomeración de motos que no permiten la circulación: todas son faltas municipales y nosotros ahí no intervenimos, pero, sin embargo, hace un tiempo atrás mantuvimos una reunión con autoridades municipales del área de tránsito y la Secretaría de Gobierno, con el fin de ver cómo podíamos coordinar tareas para hacer algún trabajo en conjunto”, confirmó el fiscal.
También aclaró que “en la cuestión de tránsito nosotros no intervenimos, sino sobre lo que nos corresponde, que tiene que ver con los que tienen faltas de tránsito reiteradas dentro de la ciudad, que generalmente son los que después se observan haciendo estas prácticas de picada o de velocidad en la ruta”.
“Hay un delito previsto, que es el 193 B del Código Penal, que establece que justamente esta clase de hechos puede ser un delito cuando se provocan prácticas de pruebas de velocidad o de estrés que pongan en peligro la vida del participante, de terceras personas, y establece pena desde seis meses hasta tres años de prisión, e inhabilitaciones para conducir, de hasta seis años. En eso sí nosotros podemos intervenir, y a diferencia de lo que hacen los inspectores de tránsito, que es el secuestro del vehículo cuando comete la infracción, la persecución del motorista o los controles en puntos fijos, nosotros hacemos eso porque tenemos otras herramientas y además porque queremos evitar el peligro de que haya algún lesionado”.
Armando Agüero.
El funcionario judicial explicó que procedimientos realizaron: “identificamos a las personas con videos y fotografías que hizo la policía, principalmente la Comisaría Tercera, al mando del comisario Rinaldi, y a partir de las imágenes identificamos las prácticas, los domicilios, y ayer se dispusieron, con el trabajo del fiscal Pellegrino y el fiscal Komarofky, 20 allanamientos con el secuestro de 20 motocicletas, la demora de 15 personas para los fines de identificación en General Pico, Caleufú, Ojeda y Embajador Martini”.
-¿Hubo quejas de vecinos de violencia por algún allanamiento?
-No conozco en detalle ni la queja ni lo que hicieron en ese domicilio particular. Cuando nosotros pedimos un allanamiento, se lo requerimos a un juez que ordena la apertura del domicilio para secuestrar algo que interesa a la investigación. En este caso fueron 20, y la Unidad Regional dispuso los recursos necesarios para que se hicieran de forma conjunta y simultánea. Están autorizados a usar el uso de la fuerza en la medida de lo proporcional y necesario para llevar adelante el objeto de la medida que puede significar romper puertas o reducir personas. Regularmente, no ocurre que llegan a ese extremo, depende de las circunstancias del caso porque todos los casos son diferentes.
En este caso, hubo 20 allanamientos y uno en el que por alguna razón tuvieron que romper una puerta. Si el dueño de esa vivienda considera que el allanamiento excedió el uso de la fuerza necesaria para cumplir el objetivo de la medida, lo que tiene que hacer es ir al Palacio de Tribunales de 22 y 9 y radicar una denuncia. Un fiscal evalúa la conducta (no el fiscal que intervino) de la policía y el Estado indemniza al dueño de la casa por las roturas.
