En la reciente jornada de testimonios del juicio por el caso de Lucio Dupuy, varios funcionarios y ex funcionarios clave ofrecieron sus perspectivas sobre la gestión y la respuesta de los organismos de niñez ante las situaciones de vulneración de derechos.
Las declaraciones de María José Mendoza, Rodrigo Lofvall, Cecilia Andrea Milanese, Andreína Marisol Montes, Ana María Ballari y Luciano Nahuel Rebechi arrojan luz sobre los intrincados procesos y decisiones que rodearon el trágico caso. Las discrepancias en la intervención de la Unidad de Niñez, junto con las distintas interpretaciones sobre la necesidad de actuar frente a indicios de vulneración de derechos, son aspectos centrales en esta jornada del juicio, revelando la complejidad del sistema de protección a la infancia.
María José Mendoza, ex responsable de la Unidad de Niñez de General Pico. Ocupó el cargo desde 2019 hasta fines de 2021.
Ganuza le dijo a la testigo que la policía de General Pico, al responder un informe, indicó que existió una comunicación formal a la Unidad de Niñez acerca de un acta de Magdalena Espósito Valenti contra Maximiliano Dupuy y Leticia Hidalgo por violencia de género. “No, no tuvimos intervención. En ningún momento recibimos una denuncia para hacer un seguimiento de una situación” relacionado con el caso, fue la respuesta.
Rodrigo Lofvall, director general de Niñez, Adolescencia y Familia de La Pampa.
El funcionario dijo que la Dirección “no es el organismo de aplicación de la ley cada vez que se vulnera un derecho, sino que es la autoridad de aplicación de la ley. O sea que, cuando se constata la vulneración de derechos, puede intervenir directamente o articular con otros organismos para garantizar esos derechos”.
Dijo que están obligados a intervenir “si nos dan intervención” y, ante una consulta sobre si tienen la obligación de emitir informes, contestó que “a veces sí y a veces no”.
Con respecto a la escucha de niños y niñas, manifestó que depende de “la edad, el contexto y su maduración”. “A veces un niño no está en condiciones de decidir, a pesar de su voluntad de ser escuchado”.
“Si no tenemos una denuncia, una amenaza o un indicador de vulneración de derechos no vamos a instar ninguna acción, intervención o escucha porque no debe haber una injerencia arbitraria del Estado” en temas de familia.
“Nosotros nos enteramos quién era Lucio Dupuy por los diarios y ya con los hechos consumados. Previamente no existió ningún pedido de intervención” a ningún organismo.
Rodríguez Salto le preguntó si en el caso de la tutela hacía falta una comunicación al organismo oficial. “En un ejemplo así puede y debe resolver el Poder Judicial. No es por las dudas… Si no me ponen en conocimiento de una vulneración, y lo digo como Poder Judicial, no debo darle intervención a la Dirección”.
A su vez, Sancho le preguntó si la tramitación del expediente del cuidado personal debió comunicarse a la Dirección. “En ese caso diría que no. La tutela y el cuidado personal deberían resolverse en el ámbito judicial, excepto que haya algún derecho vulnerado. No hace falta dar intervención a algún organismo como el nuestro cuando dos padres discuten un cuidado personal”.
En un momento, Losi pidió que se le lea al testigo la denuncia que la madre de Lucio formuló en 2020 en General Pico. En ella, la madre de Lucio contó que el niño pidió ir al baño y que su pareja, Abigail Páez, le dijo que Lucio había expresado que le dolían los genitales y tenía un sarpullido. Luego Sancho quiso saber si ante ello se le debió dar intervención a Niñez. Lofvall respondió: “En principio, y como apreciación personal, entiendo que no. Con eso solo no pareciera que hubiese un derecho vulnerado”.
Cecilia Andrea Milanese, fiscal adjunta de la Unidad de Atención Primaria de General Pico.
La testigo recibió una denuncia de Maximiliano Dupuy contra Espósito Valenti por impedimento de contacto con Lucio. Ella la desestimó porque, cuando recibió la denuncia, el conflicto ya estaba resuelto (el niño había vuelto con su tía Leticia Hidalgo) y porque no había delito sino un incumplimiento del régimen comunicacional.
Andreína Marisol Montes, fiscala de General Pico.
La testigo intervino en una denuncia de Espósito Valenti contra Maximiliano Dupuy. “La denuncia arrancó con la madre diciendo que quería volver a tener a su hijo. Ahí deslizó que su pareja (Abigail Páez) había visto un sarpullido en Lucio y que no lo había llevado al médico. Previamente había existido una exposición donde no había dicho nada de eso. Al niño no se lo revisó porque lo del sarpullido había sido cinco días antes”. También manifestó que la madre no puso reparos cuando se archivó la denuncia.
Montes dijo que se le dio intervención a la Unidad de Niñez de General Pico. La testigo Mendoza había afirmado que no tuvieron intervención.
Ana María Ballari, fiscala adjunta en la UAP de General Pico.
La testigo también intervino en la denuncia de Espósito Valenti contra Maximiliano Dupuy por entorpecimiento de contacto. El 31 de mayo de 2020 el tío le había dado a Lucio porque ella fue a visitarlo. Ahí surgió lo de Abigail Páez y el sarpullido. “Descarté que hubiera un delito y que el niño fuera víctima de un delito. Fue un hecho aislado”. No recordó si se le dio intervención a la Unidad de Niñez y ella fue quien archivó la causa. Previamente le dio vista a la madre de Lucio.
Ballari, al archivar la causa, entendió que el Juzgado de Familia era el organismo más competente para resolver el desacuerdo ante el interés de la madre de volver a tener el cuidado del niño.
Luciano Nahuel Rebechi, fiscal de género de General Pico.
El testigo recordó que, ante la denuncia del tío Maximiliano Dupuy contra Espósito Valenti por impedimento de contacto, se le dio intervención a Unidad de Niñez. Dijo que previamente ese organismo ya había intervenido porque “ese mismo día hubo dos exposiciones cruzadas”. Además indicó que en las horas posteriores Lucio fue restituido a su tía, Leticia Hidalgo, que era quien tenía la tutela. Rebechi manifestó que “hay constancias policiales de que intervino la Unidad de Niñez”.
