En una reciente entrevista ofrecida a CPEtv, el Procurador General, Mario Oscar Bongianino, detalló el proceso y las razones detrás de la suspensión de la jueza Ana Clara Pérez Ballester y la asesora Elisa Alejandra Catán.
Bongianino señaló que lo realizado por la Procuración que representa fue “el correspondiente requerimiento contra las funcionarias que se mencionaron”.
El Procurador explicó que, aunque no se disponía de los expedientes originales, sí tenían en su poder copias de los mismos. Aclaró que, aunque estas copias no tienen “validez probatoria”, ofrecen “indicios de que puede existir la causal de mal desempeño”. Estas copias se relacionan con “omisiones en la tramitación de al menos dos causas que tienen relación con los sucesos de público conocimiento”.
Interrogado sobre las acciones o inacciones concretas que llevaron a estas sospechas, Bongianino destacó: “no haber hecho la escucha correspondiente del menor con los métodos o con alguno de los métodos con que se pueda requerir una declaración de un menor de escasa edad, como tenía Lucio en ese momento”. También señaló que “tampoco se requirió personalmente la opinión ni del padre, ni de la madre, ni de cualquier otro familiar”.
Estas omisiones, según el Procurador, son fundamentales en cualquier proceso en el que menores sean parte o estén bajo análisis. Subrayó que estos hallazgos concuerdan con lo que la familia ha declarado, pero queda pendiente la etapa de juicio para determinar si estos señalamientos son confirmados.
Con respecto al papel futuro de la Procuración General en este caso, Bongianino explicó que su función principal será participar como acusador en el juicio. “La Procuración ha hecho este requerimiento del cual entiendo que el jurado de enjuiciamiento dará traslado a las defensas de ambas funcionarias para que hagan el descargo correspondiente”, dijo. Tras este paso, se fijará una fecha para el juicio y el Procurador General intervendrá en su rol acusatorio.
