El debate en torno a la creación de la Rama Profesional y Técnica en el Poder Judicial continuó esta mañana en un Plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación Social y Hacienda y Presupuesto. En esta ocasión, se hicieron presentes el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SiTraJ) y un grupo de profesionales y técnicos que participaron en la formulación original del proyecto presentado en la Legislatura por el Superior Tribunal de Justicia (STJ).
En primer lugar, la Secretaria General del SiTraJ, Susana Funes, señaló que el sindicato no fue convocado ni tuvo intervención en la creación del proyecto, y expresó su deseo de que este tipo de asuntos se discutan en paritarias. “Estamos a la espera de que el STJ nos proporcione los detalles de la iniciativa. No fue un proyecto consensuado con los trabajadores porque nunca fuimos convocados. Hemos solicitado reuniones con ellos, pero no hemos recibido respuesta”, dijo.
Ante la pregunta sobre si se han reunido con los profesionales involucrados en el proyecto, Funes indicó que “la semana pasada hubo un encuentro con trabajadoras sociales de General Pico. Sin embargo, no tenemos certeza de que todos los profesionales estén incluidos en esta rama profesional con la categoría correspondiente y la posibilidad de ascenso. Hay cuestiones que deben ser aclaradas con mayor detalle”.
La gremialista reflexionó sobre la inclusión selectiva de ciertos profesionales, afirmando que “se tienen en cuenta a algunos y se deja a otros afuera. Si vamos a desarrollar una iniciativa verdaderamente inclusiva, debe abarcar a todos los trabajadores, independientemente de la interpretación del STJ sobre quiénes son profesionales”.
Funes también mencionó un proyecto del sindicato relacionado con recategorizaciones automáticas que busca “beneficiar” a todos los trabajadores judiciales, profesionales y no profesionales, evitando debates sobre la definición de “profesionales” y “no profesionales”.
“Siempre vamos a favorecer al trabajador, pero como sindicato no tenemos información precisa. Se habla de una rama de profesionales, pero no sabemos cuántos serían afectados”, insistió Funes.
Por último, se consultó quiénes se sumaría a la Rama Profesional y Técnica, dado que la iniciativa no incluye a todos los trabajadores, y Funes señaló que “faltarían contadores, peritos caligráficos y expertos en criminalística”, y remarcó la falta de “certeza” en este sentido.
Más adelante fue el turno del grupo de profesionales y técnicos. María Eugenia Forte, trabajadora social y una de las voceras, aseguró que “el STJ tomó nuestra iniciativa para realizar modificaciones, pero el espíritu de la ley se mantiene”.
Forte resaltó el apoyo recibido por parte del sindicato y expresó su sorpresa ante las declaraciones de Susana Funes, Secretaria del gremio Judiciales, señalando que “es algo que venimos trabajando y que ellos conocen y nos han apoyado. Quizá hoy no tienen en claro el espíritu de esta ley”.
Además, enfatizó que “entendemos el reclamo de los abogados, pero no tiene nada que ver con nuestra labor dentro del poder judicial. Incorporar a los abogados, además de ser un error, sería quitarles a ellos un lugar en el que puedan desarrollar una carrera diferente, como la figura de asesor letrada”.
También subrayó la importancia de evitar que los trabajadores ingresen y se jubilen con la misma categoría, lo cual considera “desmotivador”.
Cuando se consultó si están de acuerdo en la totalidad del proyecto en tratamiento, Gabriela Sáez, otra de las trabajadoras sociales presente, respondió: “Sí, estamos de acuerdo en términos generales, y es un logro ser reconocidos en la rama profesional”.
Carolina Figueiro, por su parte, explicó la diferencia fundamental entre las funciones administrativas y las profesionales, destacando que “cuando se habla de profesiones, se hace referencia a títulos habilitantes. De modo que esa función no es administrativa. Quizá dentro de dos años haya otras profesiones, y se tendrán que hacer modificaciones. Es complejo abarcar todo el abanico de los trabajadores”.
Finalmente, añadió: “No solo el proyecto significa un progreso para nosotros, los trabajadores, sino también para el ejercicio de la justicia”.
