Tras un reciente paro llevado a cabo por trabajadores municipales, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha denunciado sanciones que equivalen al 33% de los sueldos de los empleados involucrados. La organización sindical brindó una conferencia de prensa durante la mañana del viernes en la que María Ester Campo, dirigente gremial, discutió la situación en detalle.
“Los descuentos son los 10 días de trabajo, son 10 días de suspensión, es alrededor del 33% de lo que cobran, es el refuerzo del presentismo y es el presentismo. Eso ronda alrededor de 60.000 pesos”, comentó Campo durante la conferencia. Dicha cantidad es considerable para los trabajadores, especialmente aquellos que ganan un salario que ya de por sí es bajo.
Los trabajadores que formaron parte de esta medida de fuerza, realizada al cerrar las puertas de ingreso al corralón municipal, fueron sancionados en los últimos días con descuentos en sus remuneraciones. A pesar de esto, la dirigente de ATE aseguró que los trabajadores sabían que podía llegar una sanción, pero estaban decididos a llevar adelante su medida de fuerza.
Campo expresó su preocupación por las dificultades financieras que enfrentan estos trabajadores, y lamentó el impacto de las sanciones en los trabajadores con salarios ya bajos. “Muchas veces ese dinero de sesenta mil pesos es el alquiler. Ya nos estamos prohibiendo de muchas cosas. Ya nos estamos prohibiendo de comprarles el calzado a nuestros hijos, nos estamos prohibiendo de comprarles la ropita, nos estamos prohibiendo de darle la leche, la fruta, la verdura y la carne que necesitan todos los días”.
La dirigente gremial también indicó que los reclamos de los trabajadores municipales comenzaron en 2020. Estos estaban relacionados con sus categorías laborales y las “subrrogancias” percibidas en el manejo municipal. “Estamos muy por detrás de la inflación. Ustedes saben que el año pasado la inflación fue de ciento y pico por ciento y que los salarios no fueron eso”, declaró Campo, reflejando la frustración de los trabajadores.
Después del paro, la delegación de trabajo llamó a una conciliación obligatoria, que los trabajadores se negaron a aceptar. A partir de ese momento, empezaron a llegar las sanciones. En respuesta, ATE ha estado trabajando con un abogado laboral para combatir estos descuentos.
La dirigente de ATE también habló sobre el inicio de una mesa de trabajo para discutir cambios al artículo 31 del estatuto, que fue una de las demandas principales de los trabajadores. Hasta la fecha, no ha habido avances significativos en este frente.
Ante la falta de respuestas, Campo anunció que ATE planea convocar a una asamblea de trabajadores para determinar el próximo curso de acción. Sin embargo, la posibilidad de más medidas de fuerza, como otro paro o cierre del corralón municipal, aún está en el aire.
“Nosotros esperamos que la municipalidad tenga consideración, abra esa mesa de negociación y comencemos a discutir el artículo, para modificarlo, el artículo 31 del estatuto, que es lo que los trabajadores están pidiendo”, concluyó la dirigente gremial.
