El Gobierno Provincial lanza campaña para visibilizar el incumplimiento de la sentencia por parte de Mendoza y la falta de respuestas de la Corte Suprema de Justicia en un conflicto que data de 1947.
Hoy, 12 de abril de 2023, se cumplen 1.000 días desde que la Corte Suprema de Justicia emitió su fallo sobre el río Atuel, estableciendo un caudal mínimo permanente de 3,2 metros cúbicos por segundo que la provincia de Mendoza debe ceder a La Pampa. El conflicto entre ambas provincias comenzó en 1947, a raíz de la construcción de la represa El Nihuil en Mendoza, y ha generado un daño ambiental irreversible.
Ante la falta de cumplimiento de la sentencia, el Gobierno Provincial ha iniciado una campaña para visibilizar la situación, utilizando el lema “1.000 días sin justicia”. La campaña busca resaltar el silencio de la Corte ante el incumplimiento del fallo y cómo este afecta a La Pampa.
El máximo tribunal había tomado la decisión con el voto mayoritario de Elena Higton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, mientras que el presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, acompañó la resolución pero con objeciones a los argumentos de la mayoría.
El fallo buscaba moderar el daño por falta de escurrimiento que sufre La Pampa, producto de la escasez de agua en la cuenca del río Atuel. La decisión fue tomada en base a la consulta realizada al Instituto Nacional del Agua (INA), que consideró razonable el caudal propuesto.
El conflicto se remonta a la construcción de la represa El Nihuil en Mendoza en 1947, la cual afectó a las especies autóctonas y a los pobladores del oeste pampeano, quienes se vieron obligados a emigrar debido al impacto ecológico. A pesar de un fallo favorable a La Pampa en 1987 y una directiva en 2014 para fijar un caudal negociado entre ambas provincias, no se ha logrado una solución definitiva al problema.
Ante la falta de acuerdo consensuado entre las provincias respecto al caudal, la Corte decidió establecer un valor medio diario de referencia de 3,2 metros cúbicos por segundo, el cual deberá ser debidamente monitoreado para evaluar si cumple con los requerimientos mínimos del hábitat en la zona afectada de La Pampa.
La Corte Suprema también ordenó a ambas provincias determinar las obras de infraestructura necesarias para alcanzar el caudal mínimo permanente y establecer el porcentaje de costos que cada una afrontará. En caso de no lograr un acuerdo, la Corte se reserva el derecho de aplicar el curso de acción a seguir.
Mientras tanto, la situación sigue sin resolverse y La Pampa continúa sufriendo las consecuencias del daño ambiental irreversible generado por el conflicto. Con la campaña “1.000 días sin justicia”, el Gobierno Provincial espera poner en evidencia la urgencia de encontrar una
