Los fiscales, que son parte de la Unidad Específica creada especialmente para este caso, Máximo Paulucci, Verónica Ferrero, Walter Martos y Mónica Rivero brindaron una conferencia de prensa. El fiscal Marcos Sacco también es parte, pero no estuvo en la conferencia. A un día del comienzo del debate por el crimen de Lucio Dupuy, dieron algunos detalles del juicio y explicaron que es a puertas cerradas por la imputación de abuso sexual contra las acusadas.
En conferencia, resaltaron que “este equipo se va a mantener durante todo el debate. Pero quien va a estar el frente de la Fiscalía en el juicio será la fiscal Verónica Ferrero”.
“Tenemos las expectativas de máxima, nosotros consideramos que la investigación fue completa, eficiente y que las pruebas son suficientes para requerir la pena de prisión perpetua para ambas acusadas”, aseguraron.
“Para nosotros no cambia nada que estén o no presentes en el debate las acusadas. Nuestro trabajo es demostrar ante el tribunal que las pruebas son suficientes para tener certeza condenatoria. Nuestro objetivo es iniciar este proceso y que termine con ese resultado. Es cierto que en este caso, durante todo el proceso de investigación no estuvieron presentes, pero igual no cambia nada”.
“Este caso tiene mucha trascendencia y puede generar alguna dificultad el traslado de las acusadas, pero entendemos que tiene que haber medidas de seguridad porque es un hecho social muy doloroso para la familia, pero para la sociedad también. Sabemos que eso implica un diseño distinto a la de un juicio común”, sostuvieron.
Ante la pregunta sobre si hay más personas implicadas en el hecho en este debate, los fiscales respondieron que “llegamos con dos acusadas por hechos que ocurrieron a lo largo de la vida de Lucio, donde la teoría del caso de la Fiscalía es que efectivamente existió un maltrato infantil crónico que derivó en el día 26 de noviembre del 2021 en una agresión que le provocó la muerte, agravado con abuso sexual. Vamos a sostener la calificación de homicidio triplemente calificado para la mamá, por ser ascendiente, con alevosía y con ensañamiento en concurso real con el delito de abuso sexual triplemente calificado; en el caso de la otra acusada, son los mismos hechos, en carácter de coautora, por homicidio doblemente calificado por ensañamiento y alevosía, en concurso real con abuso sexual triplemente calificado por ser la guardadora al momento de los hechos”.
“Son las únicas dos acusadas y es, al día de la fecha, el único legajo de investigación abierto y en el cual vamos a probar la responsabilidad penal” “A un debate se llega con hechos puntuales y con una calificación jurídica puntual. Lo que va a definir el tribunal al final del juicio es si existieron esos hechos y, si existe una sanción penal, el monto de la pena”, aclararon.
Sobre el crimen de odio, planteado por la querella, los fiscales manifestaron que “es la querella la que va a tener que acreditar con pruebas el odio de género que plantean. La Fiscalía no sostuvo esa calificación porque hicimos un análisis de la prueba que nos llevó a la calificación jurídica que propusimos. Desde el día del hecho hasta hoy, las pruebas que se fueron recolectando durante esa investigación dio, a nuestro entender, esa calificación. Eso no quiere decir que la querella no pueda plantear pruebas que considere necesarias”.
Consultados si presentarán pruebas sobre lo actuado por el Estado (salud, educación, seguridad, etc), sostuvieron que “no queremos hacer referencia a las pruebas que se van a ventilar en el proceso porque nuestro interés es llegar con las pruebas fuertes para acreditar los hechos, y todo lo que tiene que ver con el caso va a ser parte del debate” “No hay funcionarios públicos que tengan que ver con el Ejecutivo citados al juicio”.
“El debate arranca este jueves 10 de noviembre y finaliza el 22 de diciembre; pasarán 105 testigos: familiares de Lucio, profesionales como peritos, forenses, personal de salud (médicos que atendieron a Lucio el día del hecho), personal de educación (maestras), peritos de la policía, etc”.
“Es un hecho muy grave, de los más graves que nos tocó investigar. Genera mucha repercusión social. Los jueces tienen plazos para la definición de la pena, suponemos que será en febrero del 2023”.
