Martín García Ongaro, defensor público de la víctima del Ministerio Público de la Defensa e integrante de la Asociación de Pensamiento Penal, pasó por el aire de “La Redacción” y habló sobre una condena al Estado Argentino de lo que se denominaba en los 90 como “olfato policial”.
García Ongaro explicó sobre la denominación de olfato policial: “las distintas prácticas policiales y judiciales que en la década de 1990 estuvieron auspiciadas principalmente por la guerra contra las drogas, generó un sin número de casos de violencia policial y abusivas que fueron convalidadas por tribunales en nuestro país. Esto mereció que dos casos puntuales, pero representativos, accedieran a la Corte Interamericana y obtuvieran una condena contra el Estado argentino, que además de las reparaciones económicas, implicó también la garantía de la no repetición: esto significa que no solo repare a las víctimas que lesionó, sino que se comprometa con políticas activas a no repetirlas”.
El especialista contó que “lo que fijó la Corte fue que en un plazo de dos años, en 2020 fue la sentencia, la Argentina tenía que adecuar su normativa y sus prácticas con la capacitación de los cuerpos armados y de las y los operadores judiciales. Este 1 de septiembre se cumplió con el plazo. Y desde la Asociación Pensamiento Penal estamos intentando replicar esta situación a través de una campaña para visibilizar esta condena al Estado Argentino y su obligación subsistente. Y a su vez, que propicie y auspicie acciones que pueden hacer posible que el sistema de justicia criminal condene los abusos policiales”
“En estos años hubo algunas capacitaciones aisladas en algunas provincias, pero el Estado tiene que poder demostrar ante la Corte Interamericana que tiene un compromiso sistemático de capacitaciones”.
Ante la pregunta: ¿La nueva ley de seguridad ciudadana pampeana que fue aprobada, involucra esta temática? García Ongaro respondió: “por supuesto que celebramos este tipo de leyes, que aunque se podrían mejorar, van en la dirección de adecuar las normativas como lo indican los tribunales internacionales. Lo importante de esta ley también es el tratamiento protocolar de las diversidades sexuales, de otros grupos vulnerables como los niños, ancianos, personas con discapacidad. Hay muchos aspectos positivos de esta ley”.
“Es muy importante que los medios puedan visibilizar esta campaña y que participen otras organizaciones e iniciativas orientadas a la defensa de los Derechos Humanos y sobre todo a limitar las detenciones, los allanamientos, etc”.
“A la policía habría que capacitarla en que las requisas corporales o cualquier medida invasiva a la privacidad, deben tener un control judicial en base a criterios objetivos y no estereotipados ni estigmatizados”, aseguró el especialista.
