Santa Rosa, cabecera de la Primera Circunscripción Judicial, tiene un nuevo juez/a de control. María Paola Frigerio será la primera en ocupar el cargo y, por ello, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Hugo Oscar Díaz, hoy le tomó juramento en un acto que se desarrolló en el auditorio del Centro Judicial.
Frigerio, que venía desempeñándose en el Tribunal de Impugnación Penal y que comenzó su carrera en el Poder Judicial como pasante, asumió en carácter de jueza sustituta.
En la ceremonia, además de Díaz, estuvieron presentes el ministro José Roberto Sappa, el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios, Néstor Daniel Ralli; jueces, fiscales, personal de otros organismos y familiares.
Con la asunción de Frigerio ahora habrá seis jueces y juezas de control en la capital provincial, a los que hay que sumarles cinco en General Pico, sede de la Segunda Circunscripción; dos en General Acha, asiento de la Tercera Circunscripción; uno en 25 de Mayo –dependiente de la Tercera–; y uno en Victorica, sede de la Cuarta Circunscripción.
Los jueces y juezas de control ocupan solo el cargo, ya que no existen juzgados de control con estructuras administrativas. Ellos/as no tienen personal y los calendarios de audiencias se los fijan las Oficinas Judiciales.
Su competencia, como directores del proceso, está fijada en el Código Procesal Penal de La Pampa. Juzgan en todas las incidencias que se planteen en la investigación fiscal preparatoria y en el procedimiento intermedio, o sea antes de que una causa sea elevada a juicio.
La participación de ellos/as se desarrolla preponderantemente en audiencias (de formalización, control de detención, reexamen, visu, juicio abreviado, suspensión del proceso a prueba, procedimiento intermedio, etc.) y pueden “tener un rol proactivo, en orden a los fines del proceso, siempre y cuando no se afecte la garantía de la imparcialidad”.
También diligencian los exhortos de otras jurisdicciones y dictan sentencias en los juicios abreviados donde las penas de prisión, multa e inhabilitación –en forma exclusiva o conjunta– no superen los tres años.
En el mismo acto también asumió Jorgelina Ivana Sosa como auxiliar de segunda en la Oficina de Servicios Generales de la Primera Circunscripción.
Comité
Previamente, Díaz recibió a una delegación del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) que está recorriendo la provincia, en la Sala de Acuerdos del STJ. Lo hizo junto a la ministra Elena Victoria Fresco y al ministro Eduardo Fernández Mendía.
El grupo estuvo encabezado por la comisionada en representación de las organizaciones no gubernamentales, María Josefina Ignacio, a quien acompañaron la directora de Mecanismos Locales, Silvina Irrazábal; el coordinador de Litigios, Gonzalo Evangelista; y la directora de Asuntos Legales, Sofía Darú.
El CNPT es un organismo de monitoreo, control y seguimiento de los lugares donde se encuentran personas en situaciones de encierro, y tiene como finalidad actuar como un órgano rector que articule y coordine el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Dicho Sistema está integrado por diversos organismos públicos, tanto nacionales como provinciales, que trabajan por los derechos de las personas privadas de la libertad.
El Comité garantiza la articulación entre ellos, y a la vez es el único organismo facultado a nivel nacional, provincial y municipal para realizar visitas de inspección, sin previo aviso, a unidades penitenciarias, comisarías, alcaidías, centros de institucionalización por motivos de salud mental, centros de responsabilidad penal juvenil, residencias para adultos mayores y cualquier otro lugar donde se encuentre una persona privada de su libertad por decisión de una autoridad pública, o con su consentimiento.
También tiene como finalidad la de diseñar y recomendar acciones y políticas para la prevención de la tortura, y promover la aplicación de directivas, recomendaciones y criterios a las autoridades competentes a nivel nacional, provincial y municipal.
El Comité se constituyó a fines de 2017 y está conformado por representantes de las Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación, ONGs, mecanismos locales (provincias con comités propios) y el procurador penitenciario de la Nación. Su presidente es Juan Manuel Irrazábal, exintendente de Posadas y exdiputado nacional y exsenador por Misiones.
