Se conformó el Plenario de comisiones de Legislación General, Social, Derechos Humanos y Hacienda y Presupuesto para seguir analizando la iniciativa del gobierno provincial por la que se eleva la ley de Seguridad Pública y Ciudadana.
En esta oportunidad, concurrieron representantes de la agrupación la “Colectiva por una ley de Seguridad Ciudadana” –que se conformó en 2019 con el fin de realizar aportes para enriquecer dicho proyecto- entre las que se hicieron presente en la Legislatura Claudia Fernández del gremio Utelpa, Mónica Rodríguez de Mujeres por la Solidaridad, Víctor Giavedoni del Movimiento Popular Pampeano por los DDHH y Marcela Paladino, médica psiquiatra de la Policía de La Pampa.
En su exposición, Giavedoni leyó los lineamientos generales que propone la “Colectiva”. “La ley debe abordar la reforma de la institución policial para adecuarla a la legalidad democrática, y para que haya un cumplimiento de la protección y prevención”, dijo. Además, sostuvo que “se propone un modelo de seguridad que promueva la mínima intervención policial específica y oportuna”, y también consideró “importante la creación de un organismo encargado de ejercer la función policial que debería responder a un gobierno político-civil”.
Más adelante, Mónica Rodríguez señaló que la “Colectiva” sugirió un tema que no figura en el proyecto. “A posteriori de la presentación de los informes ante la Cámara de Diputados, plantear y agilizar mecanismos de revisión de la ley de acuerdo con lo que los informes definan como necesarios para mejorar la ley”, explicó.
También, observó que “no se ha incorporado la figura del defensor de los derechos del personal policial, y nos parece importante que esté”, dijo.
Por su parte, Claudia Fernández se refirió a la formación y capacitación del personal. “El eje que va a cambiar este paradigma tiene que ver con la formación y capacitación del personal, y en esto deben tener participación los gremios, la universidad y el Ministerio de Educación”, propuso.
A su vez, recomendó que quede establecido en la administración pública la obligatoriedad de una capacitación que enseñe los puntos más importantes de la ley. “Tiene que haber un capacitación obligatoria, porque conocer nuestros derechos es la manera para poder ejercerlos. Tiene que haber una capacitación como se hace con la Ley Micaela”, dijo.
La psiquiatra Marcela Paladino destacó que el personal policial sea parte de la formulación del proyecto, ya que con este cambio de paradigma se los tienen en cuenta como “ciudadanos”. “Es muy importante que los policías participen de este proceso, y desde el Ministerio de Seguridad se aceptó que así sea. Esto es de suma importancia, porque cambia el paradigma de lo que se entendía por personal policial y se interpreta que también son ciudadanos”, expresó.
Además, remarcó tres aspectos. El primero tuvo que ver con el uso del lenguaje. “Es vital el cambio del lenguaje cuando se pretende cambiar el paradigma. Entonces usar palabras como “decoro” nos lleva a otro momento histórico. Hay que modificar, por ejemplo, ‘indecoroso’ por ‘violento’”, sostuvo.
“Otro punto importante es que queremos una ley que no vulnere derechos. Entonces hemos acordado de que el estado policial sea lo más parecido posible a un trabajador, porque la mayoría de los que ingresan lo hacen por trabajo, no por vocación”, indicó.
También comentó que “es irracional que una persona esté 365 días siendo policía. Su mente no descansa en ningún momento”, y, sobre el uso del arma, dijo que “hoy es obligación llevársela a la casa, y eso genera terribles problemas para el policía y para la comunidad”.
“Lo que no se dice es que el personal está preocupado todos los días de su vida, porque si le llegan a robar su arma le hacen un sumario y tienen que pagarla con su plata, y es carísima. Esto realmente es muy complicado. Entonces proponemos que el arma quede en el trabajo”, cerró Paladino.
En la ronda de preguntas, y sobre la acotación de Paladino de que la mayoría del personal policial no ingresa por vocación sino como una forma de salida laboral, Francisco Torroba consultó si eso afecta o no al desempeño del policía, y la médica respondió: “Desde lo personal uno siempre dice que la vocación es fundamental, pero la realidad no es así. La mayoría ingresa por un sueldo. En los cinco o seis años he escuchado vocación de servicio, pero cada vez se escucha menos. Esto ocurre en todas las profesiones”.
Por otro lado, Espartaco Marín consultó por las pistolas Taser. “Tenemos la negativa a esa arma, sabemos que es un problema porque es torturante y porque ocurren apremios ilegales. Tenemos el riesgo de que, por ejemplo, si una Taser se encuentre en un lugar donde personas están privadas de su libertad, se utilice como una herramienta de adoctrinamiento. Sin embargo, sabemos que se pueden usar en algunas circunstancias puntuales”, respondió Giavedoni.
“¿Tienen alguna postura respecto a la sindicalización de la policía?”, preguntó Agustina García, y Paladino contestó: “Los policías somos trabajadores y debemos tener el derecho de sindicalizarnos”. En este sentido, Rodríguez aportó que “tenemos que ir hacia la sindicalización, por eso hicimos el reclamo de la comisión de bienestar policial para que esté en esta ley”.
A modo de cierre, Giavedoni reflexionó: “Estamos dando un gran salto de calidad para impedir el autogobierno de las fuerzas y cualquier intento de desestabilización de las democracias. Estamos en un contexto en donde Brasil se encuentra en una situación muy delicada, como ha ocurrido en otros países hermanos. Y esto tiene que ver con el desconocimiento de las garantías constitucionales, por eso este proyecto implica un salto de calidad”.
