En el marco de un acuerdo de juicio abreviado, el juez de audiencia de juicio de General Pico, Marcelo Pagano, condenó a Angélica Beatriz Lucía Arias, de 30 años, Agustín del Milagro Arias, de 26 años y a Ricardo Humberto Arias, de 43 años, todos oriundos de la ciudad de Córdoba; por el delito de “estafa”.
En el caso de Ricardo Humberto Arias, fue condenado a la pena de un año y tres meses de prisión, que le fue unificada con los dos años y siete meses de prisión que le resta cumplir de una pena anterior impuesta por la Cámara Undécima en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Córdoba, en el año 2015, por el delito de “robo calificado por el uso de arma de fuego idónea para el disparo y portación ilegal de arma de fuego de guerra en concurso material”; componiendo la pena única de cuatro años de prisión, con expresa declaración de reincidencia. El imputado se encuentra actualmente detenido en un complejo carcelario de Cruz del Eje, en la Provincia de Córdoba.
En tanto Angélica Beatriz Lucía Arias y Agustín del Milagro Arias, fueron condenados a la pena de tres años de prisión en suspenso y la fijación de la siguiente regla de conducta por el término de dos años: fijar domicilio y no modificarlo sin contar previamente con la autorización del juzgado de Ejecución Penal.
Las pruebas aportadas en el acuerdo permitieron comprobar que el 16 de noviembre de 2020, el damnificado residente en General Pico, recibió una llamada telefónica de Humberto Ricardo Arias -quien se encuentra alojado en una penitenciaría cordobesa- quien, simulando llamarlo en representación de la Compañía Movistar y manifestándole haber salido favorecido como cliente de un premio que consistía en la entrega de un celular marca Samsung, modelo A10 y la suma de $20.000, le solicitó que se dirigiera a un cajero automático para “habilitar” la operación, para lo cual el imputado fue guiando en los pasos a seguir al damnificado quien cayó en el engaño de la persona que lo llamó, brindando los datos de nuevas claves de Home Banking y Alta Token, percatándose posteriormente que había sido engañado.
Luego, obtenido los datos requeridos, en poco tiempo el imputado sustrajo al damnificado la suma de $3.930.000 (pesos tres millones novecientos treinta mil), a través de catorce transferencias a ocho cuentas de destino. Para lograr su cometido Humberto Arias contó con la participación de sus sobrinos Angélica Beatriz Lucía Arias y Agustín del Milagro Arias quienes extraían el dinero del cual había sido desapoderado el damnificado, y lo utilizaban en su beneficio, dándole su parte a su tío. Es decir que brindaron el apoyo externo que indefectiblemente requiere el estafador privado de su libertad para hacerse del botín.
El acuerdo fue presentado por el fiscal general Armando Agüero, Walter Vaccaro, defensor de Angélica Arias y Agustín Arias y Guillermo Costantino, defensor de Ricardo Arias. El damnificado, al ser informado sobre los alcances del acuerdo prestó su consentimiento.
Respecto a la pena a imponer, el juez consideró que “la judicatura se encuentra limitada por el pedido de pena solicitado en el acuerdo, tanto por antecedentes jurisprudenciales como por lo que a contrario sensu surge del art. 369 segundo párrafo del C.P.P.”. Respecto a Angélica Arias y Agustín Arias, como circunstancias atenuantes, tuvo en cuenta la carencia de antecedentes condenatorios y como circunstancia agravante consideró la extensión del daño causado a la víctima. Respecto a Ricardo Humberto Arias tuvo en cuenta como circunstancia atenuante su arrepentimiento y haber pedido perdón a sus sobrinos por haberlos involucrado en este hecho, mientras que como circunstancia agravante consideró el hecho de “registrar antecedentes condenatorios y cometer este delito estando detenido lo que demuestra su total desapego a las normas y la ineficacia que ha tenido la prisión que sufre toda vez que, aun así, continúa delinquiendo”.
Vale mencionar que rápidamente se inhibieron las cuentas receptoras del dinero, logrando el M.P.F. retener y recuperar la suma de $ 1.600.000 (Pesos Un Millón Seiscientos Mil). Finalmente Pagano ordenó la devolución del dinero al damnificado, mediante la transferencia de la suma de dinero que se encuentra retenida en la cuenta judicial abierta en el marco de la investigación.
