Es una iniciativa que se propuso en varios distritos, incluso en Rosario, luego de varias tomas de terrenos que se llevaron a cabo en el país.
En el marco de muchos debates respecto de la toma de tierras, en Mendoza se reglamentó la iniciativa que indica que aquellos que tomen terrenos en forma ilegal perderán beneficios sociales otorgados por el Estado. La iniciativa fue presentada en setiembre por el diputado Jorge Difonso (Frente Renovador), quien buscó complementar con otro “castigo” las sanciones que prevé el Código Penal.
Según esta normativa, los usurpadores “no podrán ser beneficiarios de planes sociales otorgados por el gobierno de la provincia de Mendoza, teniendo en cuenta todas las modalidades de subsidios monetarios, alimenticios o de cualquier otra índole y concepto”.
También, no recibirán beneficios del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), y apunta a que el gobierno nacional, con la información local, proceda con el cese de todo tipo de asistencia.
La propuesta al ser aprobada por 19 positivos, 14 negativos y tres abstenciones fue remitida al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación.
Según publica La Nación, el texto sancionado establece como requisito para el otorgamiento de beneficios de planes sociales, subsidios de cualquier tipo, o programas de vivienda emanados del Instituto Provincial de la Vivienda, no encontrarse condenado por alguno de los delitos previstos en el Capítulo VI, del Título VI, del Libro II del Código Penal, mientras dure su condena.
Asimismo, dispone que en todos los casos en que el Poder Ejecutivo o cualquier dependencia del Estado disponga la entrega de subsidios de cualquier tipo y/o beneficios a entidades comerciales, productivas o prestadoras de servicios, previo a hacer efectivo el mismo, deberá el beneficiario acreditar la inexistencia por parte de sus titulares y/o administradores, de condenas por los delitos enumerados.
Fuente: rosario3.com
